El puerto de Chancay no solo moviliza carga, sino que ha desatado un debate sobre los límites de la intervención estatal, en particular del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán). La Cámara de Comercio de Lima (CCL) advierte que esta eventual “competencia” podría poner en riesgo los fondos destinados a una segunda etapa de inversión.
A diferencia de otros puertos peruanos que operan bajo contratos de concesión y requieren supervisión del Ositrán, la megaobra de Chancay fue edificada con capital privado. Raúl Barrios, presidente del gremio, y Carlos Posada, director institucional, subrayaron que se trata de una inversión privada, no de una concesión estatal. Por ello, señalaron que cualquier interferencia debilitaría la seguridad jurídica del Perú a nivel internacional.
“No sé qué va a supervisar [el Ositrán] porque como es un puerto privado, ellos pueden invertir en lo que deseen; y si quieren, invierten más. Los precios son libres para el puerto de Chancay”, indicó Barrios. Además, destacó que el puerto cuenta con máquinas de rayos X para inspeccionar la carga que ingresa y sale, un control que no tiene el puerto del Callao: “Está más controlado”, añadió, en referencia a la prevención de drogas o armas.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que la intervención del Estado a través de Ositrán en el Puerto de Chancay sea interpretada como un “maltrato al inversor”, lo que pondría en riesgo la segunda etapa del proyecto. “Hay preocupación porque hace que los chinos no quieran seguir con la inversión de la segunda parte. Han invertido US$ 1,500 millones y falta la segunda parte, que son US$ 1,500 millones más. Hay un maltrato al inversor”, señaló Barrios, vocero del gremio.
Posada aclaró que la CCL no se opone a la presencia del Estado, sino a que este dicte cómo manejar el negocio. Recordó que el Estado ya está presente a través de instituciones como Aduanas, Sunat y Senasa, pero por la naturaleza de su actividad. En paralelo, el gremio reveló que en una reciente reunión solicitó a la Embajada China una reducción en las tarifas de manipulación de contenedores, que actualmente se registran en US$ 800, una cifra superior a los US$ 400 de Chile o Ecuador.
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Disputa en el radar
Los voceros de la CCL también pusieron sobre la mesa el hecho de que este intento de intervención se perciba como un “maltrato al inversor”, lo que podría poner en riesgo la segunda etapa de inversión (CIFRA).
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