La administración del presidente Donald Trump activó este jueves una nueva fase de su guerra comercial al imponer aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones de 60 economías, entre ellas Perú. El argumento central es que estos países han incumplido en prohibir y hacer cumplir de manera efectiva el veto a bienes producidos con trabajo forzado, una práctica que Washington califica como "esclavitud moderna". La medida, formalizada por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, bajo instrucciones directas del mandatario, entrará en vigor a partir de este viernes 24 de julio a las 00:01 horas del Este de EE.UU. (11:01 p.m. en Perú). El nuevo gravamen coincide con la expiración de un arancel global temporal previo. "La medida adoptada hoy dará comienzo a la corrección de lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora, con el fin de mejorar el bienestar de los trabajadores en todo el mundo", señaló Greer en un pronunciamiento oficial. Esta decisión representa el intento más reciente de la Casa Blanca por reconstruir su política de impuestos aduaneros tras los reveses sufridos ante el Tribunal Supremo. La Corte Suprema había dictaminado que los aranceles impuestos mediante poderes de emergencia nacional eran ilegales, lo que obligó al gobierno de Trump a buscar un fundamento jurídico alternativo. Para sortear ese obstáculo legal, la administración estadounidense invocó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. De esta forma, elude la dependencia de facultades extraordinarias y centra su ofensiva en las políticas laborales de sus socios comerciales. Según Washington, la falta de leyes eficaces contra el trabajo esclavo crea una ventaja injusta para los productos extranjeros frente a los fabricados en Estados Unidos. Según reportes de medios internacionales como BBC y Axios, este cambio de base legal permite a la presidencia mantener su agenda proteccionista mientras se procesan investigaciones formales y se reciben comentarios públicos. Se trata de un proceso más pausado, pero técnicamente más robusto frente a potenciales desafíos judiciales. La nueva estrategia utiliza la legislación de 1974 para penalizar prácticas que, según la Casa Blanca, perjudican tanto a los trabajadores como a las empresas estadounidenses.

El impacto en América Latina y el caso del Perú

De las 54 economías que, según la investigación de la USTR, no lograron imponer ni hacer cumplir una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, Perú figura explícitamente en la lista. Esta condición le asigna automáticamente la tasa arancelaria más alta, del 12,5 %, dentro del nuevo sistema de gravámenes anunciado por Donald Trump. En la región latinoamericana, un total de 18 países fueron incluidos en la medida, divididos en dos categorías según su nivel de compromiso en la erradicación del trabajo forzoso bajo los estándares de Washington.

Junto a Perú, otras naciones como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay enfrentan ese mismo porcentaje del 12,5 %. En contraste, México, Argentina y Ecuador estarán sujetos a un arancel menor, del 10 %, debido a que ya cuentan con compromisos previos o regímenes parciales de prohibición existentes. El sistema establece que los socios comerciales que se hayan comprometido a adoptar prohibiciones efectivas mediante Acuerdos de Comercio Recíproco (ART) pagarán el 10 %, mientras que el resto de las economías investigadas deberán afrontar el 12,5 %.

Desde Tokio se cuestiona que se impongan estos gravámenes bajo el argumento de una supuesta falta de medidas contra el trabajo forzoso cuando el país actúa bajo estándares globales de transparencia.

Tarifas diferenciadas y productos exceptuados

La medida, sin embargo, no es absoluta y contempla exclusiones para evitar disrupciones masivas en la economía interna de Estados Unidos. Quedan fuera productos energéticos como el petróleo y el gas, además de recursos nacionales específicos y bienes ya sujetos a aranceles por motivos de seguridad nacional. El Representante Comercial también determinó la exención de 471 productos adicionales tras recibir más de 1 600 comentarios públicos. Estos abarcan desde insumos agrícolas y fertilizantes hasta equipos médicos y ciertos componentes de alta tecnología para los cuales no existe un suministro doméstico suficiente.

Reacciones globales

La justificación basada en el trabajo forzoso ha sido recibida con escepticismo por diversas naciones afectadas, que ven en la medida un pretexto para profundizar políticas de aislamiento comercial y proteccionismo industrial. El gobierno de Brasil, por ejemplo, ha calificado la decisión de arbitraria y manipuladora, y ha anunciado que activará su Ley de Reciprocidad y acudirá a la Organización Mundial del Comercio para dirimir la disputa.

Encabezado del pronunciamiento oficial de Estados Unidos sobre los nuevos aranceles. Encabezado del pronunciamiento oficial de Estados Unidos sobre los nuevos aranceles. Fuente: Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) La reacción internacional contra los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump a decenas de países, incluido Perú, no se hizo esperar. Japón calificó la medida de "lamentable" y subrayó que sus operaciones comerciales cumplen "estrictamente con las normativas internacionales". Desde Tokio se cuestiona que se impongan estos gravámenes bajo el argumento de una supuesta falta de medidas contra el trabajo forzoso, cuando el país actúa bajo estándares globales de transparencia. En una línea similar, el ministro de Comercio de Australia, Don Farrell, tildó los nuevos impuestos de "completamente injustificados" y adelantó que su administración mantendrá la presión sobre Washington para que elimine cualquier tipo de arancel sobre los bienes australianos. Canadá también manifestó su disconformidad, señalando que el país es un referente en el combate a la importación de bienes producidos con mano de obra esclava y no debería ser un objetivo de estas políticas aduaneras. En Sudamérica, el Gobierno de Chile aseguró que posee una institucionalidad laboral robusta que no fue debidamente ponderada durante la investigación técnica de la USTR. "Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso, respaldado por el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país en esta materia", indicó la Cancillería chilena en un comunicado. "El Gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación", agrega el pronunciamiento.

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