La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado peruano a abstenerse de iniciar o promover investigaciones disciplinarias contra operadores de justicia que inaplican la prescripción de crímenes de lesa humanidad o la ley de amnistía. El organismo internacional observa con preocupación la apertura de estos procedimientos, que ya habrían sido iniciados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a instancias de congresistas.

Según la CIDH, las acciones disciplinarias se han dirigido contra jueces de primera instancia y de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que ejercieron el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Incluso, algunas de estas personas juzgadoras fueron suspendidas temporalmente de sus cargos, alertan.

El tratamiento se aplicó a quienes inaplicaron disposiciones sobre la prescripción de crímenes de lesa humanidad o la ley de amnistía, o revisaron actuaciones de otros poderes u órganos del Estado, por considerarlas incompatibles con la Constitución del Perú o con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH observa que estas investigaciones se estarían promoviendo contra quienes actúan conforme a estándares internacionales de derechos humanos.
La CIDH señaló que estos procedimientos disciplinarios estarían generando un efecto intimidatorio dentro del Poder Judicial, inhibiendo o desalentando el ejercicio legítimo del control de convencionalidad por temor a enfrentar investigaciones, suspensiones o eventuales destituciones. En algunos casos, se trata de procesos que estarían siendo reabiertos por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pese a haber sido previamente desestimados por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial.

Los procedimientos disciplinarios y suspensiones impactarían directamente en el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, cuyos procesos llevan los operadores de justicia sancionados. Por ello, recordaron que, teniendo en cuenta los casos de graves violaciones de derechos humanos, han instado al Estado peruano a derogar la Ley de prescripción y abstenerse de aplicarla por ser contraria a los estándares interamericanos en materia de investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, han cuestionado la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró su constitucionalidad y observaron con preocupación la adopción de la Ley de Amnistía en 2025. La Corte Interamericana también ha pedido al Estado garantizar que "ambas normas no obstaculicen la investigación, el juzgamiento y la sanción de graves violaciones de derechos humanos, así como a abstenerse de tomar acciones puedan afectar el adecuado control jurisdiccional respecto de ellas".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la situación se enmarca en un contexto regional de crecientes presiones contra la independencia judicial, donde se utilizan procesos disciplinarios y mecanismos de control con fines de intimidación o sanción hacia jueces y fiscales. Pese a que el Gobierno peruano había asegurado a la CIDH y a la Corte IDH que la facultad de ejercer el control de convencionalidad sobre las normas podría realizarse sin temor a represalias, se estarían aplicando medidas disciplinarias contra operadores de justicia.

“Preocupa que estas medidas puedan estar siendo utilizadas para favorecer escenarios de impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto armado”, señalaron desde la CIDH. El Estado peruano, por su parte, reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la independencia del sistema de justicia. Indicó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es un órgano constitucional autónomo que actúa sin interferencias y, en virtud de sus atribuciones, puede imponer sanciones de destitución a jueces y fiscales de cualquier instancia.

Además, el Ejecutivo precisó que el marco normativo peruano permite a los operadores de justicia realizar control judicial cuando consideran que una norma o acto contraviene la Constitución o los tratados internacionales, mecanismo que ya ha llevado a la inaplicación de la Ley N.º 32017 en diversos procesos. La CIDH observa que estos procesos disciplinarios podrían estar siendo empleados para amedrentar a los magistrados, en un escenario que amenaza la independencia judicial en el país.
La CIDH exhortó al Estado peruano a garantizar que jueces y fiscales ejerzan sus funciones con independencia e imparcialidad, sin presiones, amenazas o interferencias de otros poderes públicos o actores externos. El organismo recordó que las investigaciones disciplinarias deben basarse en criterios objetivos establecidos por ley y respetar el debido proceso. Subrayó que estos procedimientos no pueden usarse para cuestionar el contenido de decisiones judiciales, presionar a operadores de justicia, sancionar resoluciones legítimas ni separar magistrados por el sentido de sus fallos. La CIDH enfatizó que la independencia judicial es un principio esencial del Estado de derecho y condición indispensable para el acceso efectivo a la justicia y la protección de los derechos humanos.

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