La Autoridad Nacional del Agua (ANA) aprobó durante 2025 informes técnicos que inyectaron US$ 18,131 millones al capital del Perú, una cifra que más que duplica los US$ 7,500 millones gestionados en 2023 y casi quintuplica los US$ 4,452 millones registrados en 2022.

Este salto se explica por una reorganización interna que permitió acortar los tiempos de atención de los expedientes de Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA), según explicó el jefe de la entidad, José Musayón Ayala. “Se constituyeron tres unidades funcionales que maximizaron la eficiencia de nuestros especialistas implicados en las evaluaciones. Estos cambios permitieron a la institución emitir sus opiniones técnicas de manera oportuna frente a esos proyectos millonarios, una acción inédita en gestiones anteriores. Desde la ANA venimos acortando brechas postergadas durante muchos años”, señaló.

Además, se han gestionado cambios significativos para optimizar los plazos en la evaluación de los IGA, que determinan la factibilidad de proyectos claves para la economía. La entidad busca consolidar esta tendencia y seguir reduciendo los tiempos de respuesta para impulsar nuevas inversiones en el país.

Para que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) emita una opinión técnica vinculante sobre un proyecto, el certificador ambiental del sector correspondiente debe enviarle un oficio. Así lo explicó el funcionario Musayón, quien destacó que en el último año de gestión la cantidad de proyectos ingresados para su revisión creció en más de 100%. “Todo ello con la misma cantidad de personal, presupuesto para emitir una opinión, y lo hicimos con celeridad y dentro de los plazos establecidos”, remarcó. Sin embargo, el proceso no siempre es ágil. Musayón señaló que, cuando la ANA emite su opinión con observaciones, son las empresas las que muchas veces demoran meses en enviar las subsanaciones. Esta acción puede repetirse varias veces y, ante cada nuevo ingreso, el expediente debe revisarse íntegramente. Además, advirtió que, pese a que las competencias institucionales están claras, existe injerencia de otros actores que puede retrasar el desarrollo de un proyecto. “Existen situaciones donde el certificador ambiental hace evaluaciones en el componente hídrico, un área que es competencia de la ANA, y realiza observaciones que fuerzan una nueva evaluación de nuestra parte, pese a que, en muchos casos, el expediente ya ha sido aprobado”, finalizó Musayón.

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