En el distrito de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, la Policía Anticorrupción detuvo a dos suboficiales de la Policía Nacional acusados de exigir dinero a vendedores de gas para evitar que fueran trasladados a una dependencia policial. Los efectivos capturados son Junior Julmer Asencios Benancio, de 44 años, quien prestaba servicios en la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Chimbote, y Antoni Gabriel Solís Morillo, de 30, que laboraba en la comisaría Alto Perú. Ambos son investigados por los delitos de concusión y banda criminal.
La intervención se realizó en cumplimiento de una orden de detención preliminar, allanamiento, descerraje e incautación emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa. Según la Fiscalía, los dos suboficiales serían integrantes de la banda criminal ‘Los Impostores de la Justicia’, dedicada a exigir dinero a comerciantes de gas para evitar su traslado a la dependencia policial. Las víctimas eran presionadas para realizar transferencias bancarias por hasta 5 mil soles a una cuenta a nombre de un ciudadano venezolano.
Como parte del operativo, también se allanó la vivienda de un abogado que, según las investigaciones, habría actuado en complicidad con los policías haciéndose pasar por fiscal.
En otro ámbito, un informe de RPP Economía elaborado en colaboración con el Instituto Peruano de Economía (IPE) señala que la puesta en marcha de proyectos mineros demanda 41 años en promedio, desde la exploración hasta el inicio de producción, superando el estándar mundial de 28 años. El documento destaca casos de demoras aún mayores, como el yacimiento Ferrobamba, de la mina Las Bambas en Apurímac, que tardó 105 años en entrar en operación; Quellaveco, en Moquegua, demoró más de 80 años; y Antamina, en Áncash, esperó 76 años. El economista Carlos Gallardo, gerente general del IPE, señaló que es necesario fortalecer a las instituciones encargadas de los permisos para que no se excedan los plazos y recomendó procesos automáticos con fiscalización posterior.
Las autoridades de Chimbote detuvieron a dos suboficiales de la Policía Nacional acusados de exigir 5 mil soles a vendedores de gas. La intervención se realizó tras una denuncia de los comerciantes, quienes alertaron sobre el presunto cobro ilegal. Los efectivos habrían solicitado el dinero a cambio de permitir la venta del combustible sin inconvenientes. Ambos agentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes. El caso ha generado indignación entre la población local, que exige sanciones ejemplares contra los implicados.
Chimbote: detienen a dos suboficiales de la Policía acusados de exigir 5 mil soles a vendedores de gas
Hace 3 h · 15 vistas
En el distrito de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, la Policía Anticorrupción detuvo a dos suboficiales de la Policía Nacional acusados de exigir dinero a vendedores de gas para evitar que fueran trasladados a una dependencia policial. Los efectivos capturados son Junior Julmer Asencios Benancio, de 44 años, quien prestaba servicios en la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Chimbote, y Antoni Gabriel Solís Morillo, de 30, que laboraba en la comisaría Alto Perú. Ambos son investigados por los delitos de concusión y banda criminal.
La intervención se realizó en cumplimiento de una orden de detención preliminar, allanamiento, descerraje e incautación emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa. Según la Fiscalía, los dos suboficiales serían integrantes de la banda criminal ‘Los Impostores de la Justicia’, dedicada a exigir dinero a comerciantes de gas para evitar su traslado a la dependencia policial. Las víctimas eran presionadas para realizar transferencias bancarias por hasta 5 mil soles a una cuenta a nombre de un ciudadano venezolano.
Como parte del operativo, también se allanó la vivienda de un abogado que, según las investigaciones, habría actuado en complicidad con los policías haciéndose pasar por fiscal.
En otro ámbito, un informe de RPP Economía elaborado en colaboración con el Instituto Peruano de Economía (IPE) señala que la puesta en marcha de proyectos mineros demanda 41 años en promedio, desde la exploración hasta el inicio de producción, superando el estándar mundial de 28 años. El documento destaca casos de demoras aún mayores, como el yacimiento Ferrobamba, de la mina Las Bambas en Apurímac, que tardó 105 años en entrar en operación; Quellaveco, en Moquegua, demoró más de 80 años; y Antamina, en Áncash, esperó 76 años. El economista Carlos Gallardo, gerente general del IPE, señaló que es necesario fortalecer a las instituciones encargadas de los permisos para que no se excedan los plazos y recomendó procesos automáticos con fiscalización posterior.
Las autoridades de Chimbote detuvieron a dos suboficiales de la Policía Nacional acusados de exigir 5 mil soles a vendedores de gas. La intervención se realizó tras una denuncia de los comerciantes, quienes alertaron sobre el presunto cobro ilegal. Los efectivos habrían solicitado el dinero a cambio de permitir la venta del combustible sin inconvenientes. Ambos agentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes. El caso ha generado indignación entre la población local, que exige sanciones ejemplares contra los implicados.
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