Un total de 1,747 postulantes que buscan un cargo en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 declararon en sus hojas de vida haber recibido al menos una condena penal, según una investigación de El Poder en tus Manos, la cobertura electoral de RPP. En conjunto, estos candidatos acumulan 2,283 sentencias por delitos que van desde violación sexual y extorsión hasta omisión a la asistencia familiar, agresiones contra la mujer, violencia familiar, conducción en estado de ebriedad, malversación de fondos y peculado, entre otros.
El análisis se realizó a partir de las hojas de vida presentadas por los propios candidatos y organizaciones políticas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), documentos públicos disponibles en el portal del organismo electoral. Para este estudio solo se consideraron las sentencias penales condenatorias declaradas, excluyendo casos de absoluciones, prescripción de la acción penal o de la pena, indultos y otros antecedentes que no constituyen una condena penal.
Uno de los casos más graves es el de Cesilio Flores Huamán, quien en 2008 fue condenado por violación sexual. El Segundo Juzgado Penal Liquidador de Wanchaq le impuso cinco años de pena privativa de la libertad, según la información que él mismo consignó en su hoja de vida. Casi dos décadas después, Flores Huamán vuelve a tentar un cargo de elección popular: postula por Juntos por el Perú y busca ser elegido alcalde distrital de San Salvador, en Cusco. En su declaración, además, señaló estar rehabilitado.
Otro postulante con antecedentes es el excongresista Guillermo Bocángel, quien declaró una condena por tráfico de influencias reales agravado, impuesta en 2024. Actualmente, Bocángel postula al Gobierno Regional de Huánuco por el partido Renovación Popular Perú.
La investigación también reveló que la mayoría de estos candidatos busca llegar a municipios distritales. De los 1,747 postulantes con condenas penales, 756 aspiran a una alcaldía distrital y 503 a ser regidores distritales. En conjunto, suman 1,259 casos, lo que representa más de la mitad del total de postulantes con antecedentes penales revisados.
Entre los delitos más graves declarados por los postulantes destacan 11 candidatos a municipios distritales con condenas por violación sexual y otros cinco por extorsión. A pesar de estos antecedentes, al 21 de julio —fecha de cierre del informe— ocho de sus candidaturas ya figuraban como admitidas.
En el plano regional, son 41 los aspirantes a gobernador regional que reportaron condenas penales, mientras que a las alcaldías provinciales postulan otros 173 candidatos en la misma condición.
Las condenas declaradas abarcan diversos ilícitos. Los más recurrentes son omisión a la asistencia familiar (238 casos), agresiones contra la mujer y violencia familiar (134), peculado (96) y conducción en estado de ebriedad (55).
Para José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, la presencia de estos postulantes responde a dos factores clave. El primero son los cambios en las reglas electorales que, según dijo a RPP, “han desprotegido a la ciudadanía”. Gargurevich sostiene que las normas deberían proteger el interés público para “asegurar que nadie que quiera detentar el poder esté debiéndole al Estado algún tipo de reparación, haya robado del Estado o que haya atentado contra la integridad sexual de alguien”.
El segundo factor es la debilidad de los filtros que aplican las organizaciones políticas al seleccionar a sus candidatos. “Sí creo que ahí el papel de los filtros de los partidos falla, o si no falla, tiene una intencionalidad que lamentablemente coloca a estas personas en un privilegio de ser, de encontrar impunidad en los puestos de poder”, recalcó Gargurevich.
El análisis por partido revela que Alianza para el Progreso encabeza la lista con 191 candidatos que declararon condenas. Le siguen Somos Perú (189) y Podemos Perú (157).
RPP buscó la versión de los partidos mencionados, pero al cierre del informe no respondieron. En el caso de Perú Primero, su personero legal, José Alvarado, señaló que la organización está revisando estos casos y sus mecanismos internos. “Esta información y la que nos va llegando del Jurado la estamos tabulando para poder tomar acciones correctivas que nos permitan mejorar este proceso de filtro. Pero hay que tener en consideración un detalle que es importante: nosotros somos un partido joven a diferencia de otros partidos que tienen más tiempo y que reciben un subsidio por parte del Estado. Nosotros, con los limitados recursos que tenemos, hemos implementado una infraestructura técnica legal para poder dar el soporte técnico y legal a nuestros candidatos”, indicó.
Principales impedimentos para postular en elecciones
El abogado José Tello, especialista en materia electoral, detalló a RPP que una persona con una sentencia condenatoria en primera instancia no puede postular a un cargo de elección popular, incluso si el caso está en apelación o casación. Además, la ley contempla restricciones adicionales para ciertos delitos. “Para determinados delitos existe una restricción de postulación, por ejemplo, en el caso de el delito de narcotráfico, violación o el delito de corrupción de funcionarios, existe una limitación para postular si es que la persona no tiene 10 años de rehabilitado como mínimo. Cabe señalar que esta misma restricción antes aplicaba al caso de terrorismo, pero el Tribunal Constitucional determinó que esto ya no se dé”, precisó Tello.
Tello Alfaro señaló que el plazo de 10 años para los delitos vinculados a corrupción de funcionarios fue fijado este año por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al resolver el caso de Mario Vizcarra. Con esa decisión, el JNE estableció un nuevo criterio para la postulación de personas rehabilitadas tras una condena penal.
¿En qué casos un candidato puede ser excluido?
Según la normativa vigente, un candidato puede ser excluido de la contienda electoral por dos motivos, explicó el abogado José Tello. El primero es si omite declarar en su hoja de vida una sentencia condenatoria penal, incluidos los casos de reserva de fallo condenatorio. El segundo es por la entrega de dádivas, cuando esta conducta es reiterada o cuando el valor de lo entregado supera las 2 UIT (S/ 11 000).
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¿Qué cambios se deberían proponer?
El politólogo Fernando Tincopa, del Centro Wiñaq, planteó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) incorpore un mecanismo de cruce automático con las bases de datos del Poder Judicial y otras entidades del sistema de justicia. Esto permitiría detectar posibles omisiones antes de admitir una candidatura.
“Aquí hay un problema de cruce de información, porque esta información perfectamente podría ser obtenida de los órganos judiciales y de la propia Fiscalía, para aquellos que tienen sentencias en curso o procesos por el estilo. El proceso se hace post, es decir, luego de que el candidato registra su inscripción, se revisa esa información y se valida si es cierta o no”, consideró. A su juicio, los partidos tendrían que conocer los antecedentes judiciales de sus militantes desde el proceso de afiliación, para que esa información sea tomada en cuenta antes de definir las listas electorales. “Cuando uno registra su militancia en el partido, básicamente hace una declaración de intenciones, y en esa declaración no hay un detalle de cuál es el antecedente policial, penal o judicial. Podría perfectamente incorporarse [esta información], digitalizarse la militancia y que dentro de esa ficha aparezca la posibilidad de conocer si ha tenido o no sentencias judiciales previas”, explicó. En 2026 también se desarrollarán las elecciones regionales y municipales. Según estimaciones del Jurado Nacional de Elecciones, medio millón de candidatos participarían en estos comicios. En el siguiente informe de El Poder en tus Manos, conoce las fechas más importantes de este proceso electoral para las organizaciones políticas y los ciudadanos.
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