Con 128 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados de Chile aprobó en general este jueves un proyecto de ley que busca multar la creación y difusión de deepfakes, es decir, imitaciones digitales realistas de la imagen, cuerpo o voz de una persona generadas con inteligencia artificial (IA). La iniciativa, que ahora pasará a una comisión técnica antes de ser votada en particular por la cámara baja y el Senado, establece sanciones económicas de entre 380 mil y 760 mil dólares.
Las multas serán aplicables tanto a personas naturales como jurídicas y a redes sociales —con excepción de la mensajería privada—, y faculta a los tribunales a dictar medidas cautelares como el retiro o bloqueo de contenido para evitar un daño irreparable. El proyecto, originado por la diputada del Frente Amplio Gael Yeomans —partido del expresidente progresista Gabriel Boric—, busca proteger el derecho a la integridad digital de las personas y normar el uso malicioso de la tecnología con fines de extorsión, fraude o afectación de la reputación de terceros.
La propuesta excluye de las sanciones a las parodias, críticas o expresiones artísticas, siempre que estén claramente identificables como tales y no induzcan a error ni causen daño. Además, exige que las plataformas digitales etiqueten de forma visible todos los contenidos generados con IA y habiliten vías directas para que las víctimas puedan denunciar y solicitar la eliminación del material. Las plataformas extranjeras, por su parte, deberán contar con un representante legal en Chile.
Durante el debate legislativo se cuestionó el poder de estas plataformas para decidir qué contenidos retirar, y se observaron los riesgos que una regulación muy estricta podría representar para la libertad de expresión y el desarrollo tecnológico de herramientas de inteligencia artificial. La diputada comunista Irací Hassler, por su parte, abogó en medios locales por una protección especial para las mujeres frente a este tipo de contenido.
“Niñas, adolescentes y mujeres, son las principales víctimas de la violencia digital. La inteligencia artificial ha potenciado nuevas formas de violencia y desinformación, y frente a ellas, el Estado tiene el deber de actuar”, señaló la autoridad. La declaración se da en medio del debate que Chile comparte con gran parte de Latinoamérica sobre regulaciones en la materia, mientras que la Unión Europea ya puso en vigor su normativa desde 2024, con aplicaciones paulatinas. En ese contexto, la Comisión Europea publicó el pasado lunes recomendaciones dirigidas a los proveedores de modelos de inteligencia artificial (IA) para ayudarles a cumplir con las obligaciones de transparencia. A partir del 2 de agosto, los contenidos generados con IA que muestren información de interés general —como la relativa a procesos electorales, judiciales, salud pública o cualquier acontecimiento político, financiero, científico o cultural que pueda ser objeto de debate público— deberán estar claramente identificados.
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