El Poder Ejecutivo oficializó la declaratoria de estado de emergencia en dos distritos de Junín por un plazo de 60 días calendario, tras el sismo de magnitud 5,1 registrado el último fin de semana. La medida, publicada mediante el Decreto Supremo N.° 111-2026-PCM en el diario oficial El Peruano, abarca a Ahuac, en la provincia de Chupaca, y Huayucachi, en la provincia de Huancayo, donde se reportaron daños en viviendas e infraestructura educativa.
La decisión se tomó luego de que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtiera que la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Junín fue sobrepasada, por lo que se requiere la intervención técnica y operativa de entidades del Gobierno nacional para atender la emergencia. Durante el periodo de vigencia, se ejecutarán acciones de respuesta y rehabilitación para mitigar las consecuencias del movimiento telúrico.
El sismo dejó un saldo de seis personas fallecidas, según reportes oficiales. Además, el director ejecutivo del Indeci en Junín, general Julio César Gálvez, señaló que la cifra de damnificados aumentó a más de 2.000 personas, aunque el registro oficial aún se encontraba en proceso de validación por parte de las autoridades locales. El informe situacional del Indeci detalla que las afectaciones alcanzaron viviendas, infraestructura educativa y otros espacios, lo que motivó la recomendación de declarar la emergencia para facilitar la intervención de los organismos nacionales.
El Ejecutivo dispuso la participación de varios ministerios para atender a la población afectada, en el marco de las acciones de respuesta y rehabilitación que se implementarán durante los 60 días de vigencia de la medida.
El Ejecutivo autorizó la entrega de donaciones para la población damnificada, que incluyen alimentos, bebidas, medicinas, materiales de abrigo, carpas, artículos de aseo, equipos médicos, herramientas y materiales de construcción. También se contemplan servicios gratuitos de transporte, atención médica, logística, traslado y almacenamiento, así como otros apoyos que puedan surgir durante la emergencia. Estas medidas serán financiadas con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin requerir recursos adicionales al Tesoro Público.
La norma dispone la participación de once ministerios: Salud, Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Interior, Defensa, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social. Estas carteras deberán ejecutar acciones vinculadas con la atención de los afectados, la recuperación de los servicios dañados y la rehabilitación de las zonas perjudicadas. El Gobierno Regional de Junín y los municipios locales, con la coordinación técnica y el seguimiento del Indeci, serán los encargados de implementar las labores necesarias.
El decreto precisa que las medidas estarán directamente relacionadas con los daños causados por el sismo y podrán ajustarse según las necesidades que se identifiquen durante el proceso de emergencia. La implementación de estas disposiciones no implicará un gasto adicional para el Estado, pues se cubrirá con los presupuestos ya asignados a cada institución.
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