El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, presentó una denuncia formal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que se destituya a la fiscal Rosario Quico Palomino. La magistrada dirige la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional especializada en Derechos Humanos y lleva el caso del general en retiro Juan Rivero Lazo, procesado por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. Rospigliosi acusa a Quico de no aplicar la Ley 32107, norma que él mismo impulsó en el Parlamento y que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad. En el documento presentado, el titular del Legislativo sostiene que la fiscal transgredió el principio de legalidad penal y desacató disposiciones del Tribunal Constitucional. Además, afirma que el dictamen acusatorio contra Rivero Lazo carece de motivación jurídica suficiente. Con estos argumentos, Rospigliosi pide que se le imponga a la fiscal la sanción máxima prevista en el artículo 154 de la Constitución. Cabe recordar que Rivero Lazo ya fue sentenciado por el caso Barrios Altos, uno de los episodios más emblemáticos de violencia durante el conflicto armado interno en el Perú. Rospigliosi solicitó a la JNJ iniciar un procedimiento disciplinario contra la fiscal. Foto: difusión

Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas del conflicto armado interno califican como normas de impunidad las leyes que benefician a militares, policías y rondas campesinas procesados por graves violaciones ocurridas entre 1980 y 2000. Una de ellas es la Ley 32419, promulgada por la expresidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno meses después de recibir al general Rivero Lazo. Rivero Lazo, condenado por el caso Barrios Altos, cumplió parte de una sentencia de entre 15 y 20 años de prisión, pero el TC ordenó su liberación por exceso de carcelería. Hasta setiembre, más de la mitad de las más de cien solicitudes de procesados que pidieron acogerse a estos beneficios fueron rechazadas por el sistema judicial.

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