El expresidente Pedro Castillo continuará recluido en el penal de Barbadillo hasta marzo de 2027. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada la apelación de su defensa y confirmó la ampliación por 12 meses de la prisión preventiva que pesa sobre él en el marco del caso Puente Tarata y otros. Así, la medida cautelar regirá desde el 9 de marzo de 2026 hasta el 8 de marzo de 2027.

El tribunal rechazó el recurso presentado por los abogados de Castillo al considerar que persiste el peligro de fuga. En su resolución, los magistrados señalaron que existen elementos que mantienen vigente el riesgo procesal, como indicios de una eventual pretensión de asilo político. También cuestionaron la solidez de los arraigos familiar, laboral y domiciliario del exmandatario: el arraigo laboral fue calificado como “incierto”, mientras que el domiciliario resultó “endeble” al no contar con otros vínculos sólidos y existir facilidades de apoyo extranjero para una posible sustracción de la justicia.

El fallo también precisa que la familia de Pedro Castillo permanece asilada en México, situación que fue evaluada por los magistrados al momento de analizar el riesgo de fuga. Además, recordaron que el exjefe de Estado ya cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión, sentencia que actualmente ha sido apelada por su defensa. La resolución emitida el 27 de febrero por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que ordenó la ampliación, queda así ratificada por la máxima instancia judicial.

La investigación que mantiene a Pedro Castillo bajo prisión preventiva está a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. El Ministerio Público le imputa los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión. Según la tesis fiscal, el exmandatario habría liderado una organización criminal de estructura vertical que operó desde el Poder Ejecutivo para favorecer contrataciones públicas irregulares y obtener beneficios económicos. Las pesquisas abarcan presuntos actos de corrupción vinculados a Petroperú y la compra de biodiésel, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la presunta licitación irregular del Puente Tarata III y actuaciones en el Ministerio de Vivienda relacionadas con el Decreto de Urgencia N.° 102-2021. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que ratificó la medida hasta marzo de 2027, sostuvo que el proceso presenta una complejidad especial por la cantidad de diligencias pendientes. Entre ellas figuran pericias contables, evaluaciones de ingeniería, análisis digitales forenses y la revisión de expedientes técnicos en distintos municipios del país. La macroinvestigación involucra a más de 90 investigados. La resolución señala que el expediente forma parte de una macroinvestigación que involucra a más de 90 personas, lo que justifica mantener la prisión preventiva para garantizar el normal desarrollo del proceso penal. Con este fallo, Pedro Castillo continuará recluido en el penal de Barbadillo mientras avanzan las investigaciones por el caso Puente Tarata. Paralelamente, sigue vigente el escenario político en el que el Gobierno de transición evalúa un eventual pedido de gracia presidencial presentado a favor del exmandatario, asunto que aún no tiene una decisión definitiva.

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