
Con más de 14 millones de personas en muy alto riesgo frente a un gran sismo y otros 7 millones expuestos a inundaciones, el Perú enfrenta un escenario de alta vulnerabilidad agravado por la amenaza de un posible Fenómeno El Niño de intensidad extraordinaria este año. El país, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, suma además la permanente posibilidad de grandes movimientos telúricos.
En entrevista con RPP, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) detalló que 14 millones de personas y 4 millones de viviendas a nivel nacional están en muy alto riesgo ante un terremoto. En tanto, más de 7 millones de peruanos, 2 millones de viviendas, 14.700 colegios y 4.000 centros de salud podrían ser afectados por inundaciones.
Frente a este panorama, el Estado dispone actualmente de S/3.065 millones para financiar 688 intervenciones de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias, según el portal de Transparencia Económica al 19 de julio de 2026. Sin embargo, el avance de ejecución de ese presupuesto es de apenas el 40%, pese a que el monto es inferior al de años con eventos extremos: en 2017, ante El Niño Costero, se destinaron más de S/4.360 millones, y en 2023, con el ciclón Yaku y El Niño, se requirieron S/3.902 millones. La cifra suele reforzarse conforme aumentan los riesgos.
Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que la Ley 32732 de créditos suplementarios permite orientar hasta S/3.000 millones adicionales para intervenciones frente al Fenómeno El Niño. A esto se suman USD 2.000 millones (equivalentes a unos S/7.000 millones) en créditos contingentes para responder ante emergencias de cualquier magnitud.
En conjunto, entre el presupuesto disponible y los mecanismos complementarios, el país cuenta potencialmente con alrededor de S/13.000 millones para atender emergencias, ejecutar prevención y proteger a la población.
La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) tiene a su cargo 61 proyectos de prevención valorizados en S/22.784 millones, enfocados en defensas ribereñas, drenajes pluviales y control de inundaciones. Sin embargo, al 19 de junio su avance promedio era de apenas 51%, lo que deja pendiente la ejecución de S/11.621 millones, según advirtió la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
En cuanto a la distribución del presupuesto disponible para atender desastres, el 47,8% lo administra el Gobierno nacional, el 27,3% los gobiernos locales y el 24,8% los gobiernos regionales. Las regiones con mayor asignación son Lima, Ica, Cusco, Áncash, Tumbes, Arequipa y Piura.
El Gobierno nacional maneja S/1.476 millones, con una ejecución promedio del 51,5%. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) concentra el mayor monto: S/642 millones, destinados principalmente a edificaciones seguras frente a desastres y obras de drenaje pluvial, con un avance del 61,6%. Le sigue el Ministerio de Defensa, con S/316 millones, aunque su ejecución apenas alcanza el 17,9% debido a que buena parte de estos recursos se activan solo cuando ocurre una emergencia de gran magnitud para atender a la población afectada mediante las Fuerzas Armadas.
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) dispone de S/201 millones y registra un avance del 64,7%. Además, recibirá S/47 millones adicionales mediante un crédito suplementario para financiar acciones de prevención, preparación y respuesta frente al peligro inminente de desastres que afecten al sector.
Un caso llamativo es el del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Al 30 de junio apenas había ejecutado el 4,5% de su presupuesto de S/95 millones, pero al 19 de julio el avance se elevó al 68,4%, principalmente por la instalación de puentes modulares, infraestructura móvil, albergues y trabajos para restablecer la transitabilidad de las vías.
En el ámbito regional, Lima concentra el mayor monto con S/517 millones y un avance del 49,2%. Sin embargo, preocupa el bajo nivel de ejecución en regiones que históricamente sufren los mayores impactos de los fenómenos climáticos: Tumbes (10,7%), Áncash (22,2%) y Piura (34,2%).
Para el 2026, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) requería alrededor de S/8.300 millones para cumplir sus metas, según su vocero, Miguel Yamasaki, en declaraciones a RPP. No obstante, actualmente dispone de S/3.256 millones para financiar 131 intervenciones, con una ejecución del 62,4% al 19 de julio. Entre los proyectos con mayor presupuesto destaca el mejoramiento del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de Arequipa, que no contaba con recursos al inicio del año, pero luego recibió S/360 millones y registra un avance del 73,6%.
En el ámbito de prevención, se ejecutan 16 obras de protección contra inundaciones en quebradas de Tumbes, Cajamarca, Piura, Ica, La Libertad, Lambayeque, Áncash y Lima. Una de las principales es la intervención en la quebrada San Ildefonso, en Trujillo, que cuenta con S/164 millones este año. La obra se ejecuta desde 2021, tiene una inversión total de S/1.289 millones y su culminación está prevista para diciembre de 2027. También se desarrollan proyectos en la quebrada Huaycoloro (Huarochirí), Cansas-Chanchajalla (La Tinguiña, Ica), la cuenca del río Rímac (Lurigancho y Chaclacayo) y la quebrada San Carlos, en la cuenca del cerro Centinela, en Laredo (Trujillo), entre otras zonas.
Sin embargo, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advierte que las limitaciones presupuestales siguen afectando la ejecución de proyectos prioritarios. La ANIN solicitó un crédito suplementario de S/830 millones para nueve intervenciones estratégicas de prevención, pero solo recibió S/211 millones, monto que permitió financiar únicamente cinco proyectos. En total, el informe identifica 44 proyectos afectados por restricciones presupuestales, principalmente en Lima, Áncash, Lambayeque, Ica, La Libertad, Piura y Tumbes.
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