Un grupo de transportistas que cubre la ruta entre el Cercado de Lima y el Callao llegó este miércoles hasta los exteriores de la oficina de la presidenta electa Keiko Fujimori, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, para exigir medidas urgentes frente a la ola de inseguridad que los azota. Los conductores arribaron a bordo de sus propias unidades de trabajo.
La movilización fue motivada por el asesinato de uno de sus compañeros, un chofer identificado como Cristian, quien fue acribillado con cinco impactos de bala durante la mañana mientras realizaba su recorrido habitual. El reclamo de este grupo responde al asesinato a balazos de uno de sus compañeros ocurrido esta misma mañana.
Muchos de los choferes que permanecían en los exteriores prefirieron no brindar declaraciones ni exponerse ante la prensa por miedo a represalias. Sin embargo, denunciaron que son víctimas constantes de bandas criminales que los extorsionan diariamente. Según revelaron, se ven obligados a pagar un cupo aproximado de 30 soles diarios por unidad. Los delincuentes los amenazan constantemente con asesinarlos si no cumplen con la cuota económica exigida.
Esta situación, advirtieron, no solo pone en riesgo la vida de los conductores, sino también la de los miles de pasajeros que utilizan a diario estas unidades (combis blancas con franjas celestes) para desplazarse por toda la avenida Argentina. Los transportistas exigen acciones concretas para frenar la violencia que mantiene sometido a su sector.
Durante la protesta, los transportistas revelaron cifras alarmantes de lo que va de 2026: siete choferes de la ruta Lima-Callao han sufrido ataques violentos y cuatro han sido asesinados por negarse o no poder pagar las extorsiones. Ante esta situación, los manifestantes pidieron a través de los medios que el próximo gobierno convierta la seguridad en el transporte público en una prioridad absoluta, con el objetivo de frenar el aumento de víctimas mortales en la capital y el Callao.
Los conductores exigen medidas urgentes para que no sigan muriendo en las calles. El pedido se da en un contexto de creciente violencia contra el gremio, que busca que las autoridades entrantes tomen cartas en el asunto de manera inmediata.
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