Mientras la atención pública se centra en la conformación del Gabinete —quién será premier, quién llegará al MEF y qué tan plural será el primer Consejo de Ministros—, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya entregó oficialmente las credenciales a la nueva presidenta del Perú. Sin embargo, una pregunta incómoda, que exige números concretos, queda en el aire: ¿cómo pagará el nuevo Gobierno los gastos que el Congreso saliente ya comprometió?
Según el reciente Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas del MEF, el Parlamento aprobó 258 normas con impacto fiscal. Solo las leyes aprobadas desde septiembre del año pasado representan un costo fiscal permanente de más de S/23,000 millones anuales. Y la cifra, advierte el propio MEF, es conservadora: no incluye todo lo que aún falta cuantificar.
Conviene ser justos con el reparto de responsabilidades: no es solo el Congreso. El Consejo Fiscal también ha cuestionado al Ejecutivo saliente por no agotar las herramientas disponibles para frenar esta situación.
El caso que mejor resume el problema es la Ley 32561, que reformó el régimen de pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La norma eleva la pensión de retiro, amplía beneficios a viudos, huérfanos y convivientes, y eleva el aporte total del 19% al 25% de la remuneración. El Ejecutivo la había observado, pero el Congreso insistió y la promulgó, amparado en el artículo 108 de la Constitución. El MEF estimó el costo en S/14,900 millones. El Consejo Fiscal, en un informe técnico de mayo, lo elevó a S/46,000 millones en valor presente.
No es la única norma de este tipo en el radar fiscal. La Ley 32581, que fija la pensión de los maestros jubilados en el nivel de la remuneración íntegra mensual de la primera escala magisterial, cuesta alrededor de S/ 8,000 millones al año. A eso se suman los nuevos beneficios laborales para el régimen CAS, que representan S/ 3,000 millones más. El propio ministro de Economía reconoció que simplemente no existe manera de reunir S/ 10,000 millones de un momento a otro.
La inequidad entre sistemas es evidente: los regímenes militar y policial concentran apenas al 9% de los pensionistas del país, pero absorben cerca de la mitad de todo el subsidio estatal a pensiones. La explicación técnica es sencilla: para que el nuevo régimen se autofinancie, el aporte tendría que subir al 42% de la remuneración; como eso no ocurrirá, el tesoro público terminará por cubrir cerca del 64% de esas pensiones como subsidio directo.
Conviene ser justos con el reparto de responsabilidades: no es solo el Congreso. El Consejo Fiscal también ha cuestionado al Ejecutivo saliente por no agotar las herramientas y por postergar esa pelea hasta después de la segunda vuelta. ¿Qué le queda al nuevo Gobierno? En rigor, tres caminos, no necesariamente excluyentes. El primero es litigar; el segundo, una implementación gradual; y el tercero, aumentar la recaudación o recortar otras partidas para financiar lo ya aprobado.
La pregunta que debería dominar las próximas semanas es esta: ¿va a pelear el nuevo Gobierno contra su propia base electoral para salvar las cuentas fiscales y evitar una posible reclasificación de riesgo peruano, o preferirá la ruta más cómoda hoy y más cara mañana? Nadie en campaña quiso responderla. A partir del 28 de julio, alguien tendrá que hacerlo.
Guillermo Boitano, director de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima, es el autor.
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