La defensa de Maduro alegará inmunidad soberana, mientras los cargos incluyen conspiración de narcoterrorismo y posesión de armas. Foto: AFP. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio penal contra el exdictador venezolano Nicolás Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, por cargos de narcotráfico y tráfico de armas. Ambos permanecen recluidos en una prisión federal de Brooklyn desde el pasado 3 de enero, cuando fueron capturados en su residencia de Caracas durante una operación militar de Estados Unidos. En sus comparecencias públicas ante el tribunal, se declararon no culpables de la totalidad de las imputaciones. De ser hallados culpables por un jurado, la pareja podría enfrentar penas de cadena perpetua. Durante una audiencia preparatoria en la corte federal de Manhattan, el juez Alvin Hellerstein aprobó el calendario procesal propuesto de manera conjunta por la Fiscalía estadounidense y la defensa. Esta hoja de ruta validada por el magistrado establece un cronograma estricto para el intercambio de evidencias e impugnaciones. La Fiscalía, liderada por el fiscal Jay Clayton, contempla completar la entrega del material probatorio no clasificado para el 22 de septiembre, fijando el 15 de noviembre como fecha tentativa para las evidencias clasificadas de agencias gubernamentales. El calendario aprobado también incluye fechas clave para las mociones de la defensa sobre la inmunidad de Maduro. La defensa alegará inmunidad soberana, mientras que los cargos incluyen conspiración de narcoterrorismo y posesión de armas. El equipo legal de Nicolás Maduro, liderado por el abogado Barry Pollack, presentará su primera batería de mociones formales el 2 de septiembre de 2026. Entre estas solicitudes previas, la defensa buscará la desestimación del caso argumentando que Maduro gozaba de inmunidad soberana como jefe de Estado y denunciando que su traslado a territorio estadounidense constituyó una captura militar ilegal. El tribunal celebrará una nueva audiencia el 17 de noviembre para evaluar la admisibilidad del material clasificado y abordar las mociones presentadas. Si la causa no se archiva, se llevará a cabo una vista de exhibición probatoria el 11 de marzo de 2027, antes del arranque definitivo del juicio oral. Maduro enfrenta cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer dicho armamento. Cilia Flores, su esposa, está procesada por tres cargos vinculados al tráfico de drogas y tenencia de armas. Desde su primera presentación judicial en enero, asistido por un intérprete y vestido con uniforme caqui, Maduro afirmó ser un prisionero de guerra y el presidente constitucional de Venezuela. A este expediente penal se suma una demanda civil interpuesta a comienzos de julio por familiares de cinco jóvenes ejecutados en Venezuela, quienes acusan al expresidente de dirigir un esquema de violencia estatal. El avance del proceso judicial se aceleró después de que el Gobierno de Donald Trump autorizara al Estado venezolano a cubrir los honorarios de los defensores legales. Previamente, la representación legal había buscado anular el caso alegando que el congelamiento de fondos por las sanciones económicas vulneraba el derecho constitucional a un abogado de libre elección. Mientras tanto, en Manhattan, la fijación de los plazos judiciales corre en paralelo a los cambios políticos en Caracas, donde la exvicepresidenta Delcy Rodríguez asume la jefatura de Estado interina bajo la supervisión directa de Washington. Las audiencias en el tribunal federal del Distrito Sur estuvieron resguardadas por un amplio operativo policial debido a la presencia de manifestantes frente al edificio. Las concentraciones reunieron tanto a detractores que califican la detención como una agresión ilegal a la soberanía venezolana, como a partidarios que respaldan el enjuiciamiento de los antiguos líderes del chavismo.

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