La inminente asunción de Keiko Fujimori a la presidencia, respaldada por la dictadura congresal de su partido que se mantendrá por cinco años, genera más indignación y preocupación que esperanza en el país. Tras haber perdido las elecciones en 2011 frente a Ollanta Humala, en 2016 ante Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 con Pedro Castillo, la lideresa de Fuerza Popular nunca reconoció esas derrotas. En su lugar, diseñó y planificó la vacancia de más de un presidente con los votos de su bancada, desatando la crisis política que aún sufrimos.

Este “triunfo electoral” deja una grave inquietud por sus propuestas en lo político y policial, especialmente cuando afirma que “gobernará como lo hizo su padre”. El gobierno de Alberto Fujimori, aunque enfrentó al terrorismo en 1990, es también recordado por el debilitamiento institucional, graves violaciones a los derechos humanos y el saqueo del Estado. En 2004, Transparencia Internacional calificó a su régimen como uno de los más corruptos del siglo XX.

Como muestra de lo que viene, Keiko Fujimori ya ha anunciado el control sobre la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y, de forma parcial, el Poder Judicial y los órganos electorales, además de una defensa cerrada de los asesinatos ocurridos en 2022 y 2023. “Esta democracia ya no es democracia”, frase himno en las movilizaciones tras la vacancia de Pedro Castillo, expresa la fractura social, económica y política del país. La desigualdad y la exclusión no pueden ignorarse. Se requiere organización popular para combatirlas, mantener los derechos ganados y plantear un rumbo del país frente a los menos y poderosos.

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