El presidente José María Balcázar ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de indultar al expresidente Pedro Castillo, a pocos días de que concluya su mandato. Aunque aclaró que aún no hay una decisión definitiva y que el pedido sigue en evaluación, el solo hecho de mantener abierta esa opción genera una legítima preocupación en el país.

El caso de Castillo no es uno más: se trata del exmandatario que intentó quebrar el orden constitucional con el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, un episodio que puso en riesgo la democracia y provocó una de las crisis políticas más profundas de los últimos años. Precisamente por la gravedad de esos hechos, cualquier decisión que pueda interpretarse como un beneficio político o judicial debe estar sustentada estrictamente en la ley y no en consideraciones de oportunidad o conveniencia.

Desde el punto de vista jurídico, un eventual indulto no resultaría procedente porque el proceso judicial aún no cuenta con una sentencia firme, requisito indispensable para la aplicación de esta figura. Si ello es así, insistir en esa posibilidad no solo abriría un serio conflicto legal, sino que transmitiría un mensaje equivocado: que las prerrogativas presidenciales pueden utilizarse para alterar el curso de la justicia.

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