El tiempo apremia para las familias peruanas más vulnerables, que siguen sin acceso al gas natural. Ante la urgencia, cuatro voceros del sector, reunidos en el espacio “Diálogos” de Gestión, coincidieron en que la expansión de la conectividad es impostergable por su impacto directo en la economía familiar: una familia podría reducir su canasta energética mensual de S/ 300 a S/ 150.
Sin embargo, advirtieron que las reservas de gas natural se agotarían hacia el 2035, lo que obliga a incentivar las inversiones en exploración para evitar una costosa dependencia de las importaciones. El modelo actual, con todos esos factores, ha llegado a un límite. ¿Qué salidas existen?
Entre las propuestas para revertir la brecha, destaca el Proyecto de Masificación de Gas Natural para 7 Regiones (Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali). La iniciativa plantea que Cálidda, la actual distribuidora de Lima y Callao, integre a estas siete regiones como una extensión de su mercado actual. La idea es aprovechar la escala de consumo de los grandes usuarios industriales de la capital para mantener tarifas similares a las de Lima y Callao en el centro y sur del país. Se estima que más de 200,000 usuarios serían beneficiados al término de los 10 años de la concesión.
A mediados de junio, Luis del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, adelantó a este diario que la firma de la adenda para ampliar el contrato de Cálidda estaba próxima a concretarse. “En las próximas semanas, ya estando en el segundo semestre, tendremos lo que es la ampliación del contrato de Cálidda. [...] Ya los distintos actores nos hemos puesto de acuerdo en cuál es la solución. ProInversión ya emitió su opinión favorable respecto a esta situación”, declaró. Quedan pendientes los pronunciamientos formales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de Osinergmin. “Con estas dos opiniones estaremos listos para firmar esta adenda, que sería un excelente fin de gestión de este Gobierno”, agregó.
Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico (CEMS), calificó el planteamiento como eficiente. Explicó que, bajo este esquema, la empresa construiría una red troncal de distribución y comenzaría a brindar el servicio en algunas ciudades en 16 meses. Ese plazo es significativamente menor en comparación con los ocho años que tomaría mediante obra pública y los cinco años con una Asociación Público-Privada (APP). “Sería la opción que podría dar frutos en el corto plazo”, sostuvo.
Esta conclusión se sustenta en el estudio “Opciones de política para masificar el gas natural en el sur andino del Perú”, lanzado en 2025. El análisis previo ya avalaba la alternativa como la más viable para acelerar la masificación del gas natural en el país.
El exviceministro de Energía y Minas y exdirector de Petroperú, Pedro Gamio, calificó la propuesta como una oportunidad para acabar con el centralismo energético y la disparidad de precios que afectan a las regiones del sur y centro del país. “Estamos frente a un maltrato al que vive fuera de Lima y eso no corresponde con la Constitución, con una política de Estado que busca generar valor”, expresó Gamio.
En la misma línea, el extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Carlos Herrera Descalzi, cuestionó que desde el Estado se planteen estimaciones de costos adicionales sin sustento en el debate sobre los proyectos de masificación del gas. Aun así, sostuvo que el costo político y social de no avanzar es mayor que cualquier discrepancia económica sobre esta iniciativa.
Por su parte, Erick García, exdirector de Hidrocarburos del Minem y presidente de la Comisión de Seguridad Energética, coincidió con Herrera y tildó de “poco serio” que, en un debate clave para la masificación del gas, se difunda información inexacta sobre supuestos sobrecostos. García detalló que, al eliminar impuestos como el Impuesto General a las Ventas (IGV) y considerar el valor contable, los montos de inversión del proyecto se reducen de forma significativa.
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