En una conferencia realizada este martes 21 de julio en la sede del Colegio de Abogados de Lima (CAL), organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), los familiares de las víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori —incluyendo el caso La Cantuta— y de las protestas sociales durante los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí anunciaron movilizaciones contra la gestión de Keiko Fujimori para el 27 y 28 de julio, días de la juramentación presidencial.
El pronunciamiento se produjo horas después de que el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, promulgara la denominada ley de impunidad que protege a policías y militares de ser procesados por la justicia. Los ciudadanos rechazaron esa norma y exigieron justicia, al tiempo que rechazaron la gestión de la lideresa de Fuerza Popular.
Milagros Samillán, representante de las víctimas de las protestas del gobierno de Boluarte, fue la encargada de comunicar el anuncio. Durante su intervención, Samillán se pronunció en contra de Keiko Fujimori y afirmó que no conversarán con ella porque no la reconocen como presidenta. "Ella no es presidenta, es la hija de un dictador que violó los derechos humanos y esterilizó mujeres sin su consentimiento. (...) No vamos a sentarnos a conversar con alguien que fue responsable de brindar a Dina Boluarte 7 veces y se hayan archivado las denuncias. Tenemos que decirle que no nos representa, no es nuestra presidenta", expresó.
En la conferencia también intervino la exministra de Cultura y familiar de víctimas del caso La Cantuta, Gisela Ortiz, quien calificó la gestión de Keiko Fujimori como “la consolidación de un proyecto autoritario” y la continuidad de un Ejecutivo que busca tomar las instituciones del Estado encargadas de garantizar los derechos humanos. “Estamos rechazando esta representación ilegítima de Keiko Fujimori y la consolidación de un proceso que ha significado la captura del Estado peruano”, manifestó Ortiz. Luego enfatizó que “no es posible una democracia donde se imponga el olvido y la impunidad”.
En esa misma línea, la activista sostuvo que la lideresa de Fuerza Popular “ha venido gobernando nuestro país en los últimos años” desde el Congreso. Afirmó que las leyes impulsadas desde el Legislativo han buscado arrebatarles el derecho a la verdad y la justicia para dar impunidad a policías y militares “que violaron derechos humanos, asesinaron, desaparecieron personas o ejercieron violencia sexual contra mujeres durante el periodo 1980-2000”. Sobre la norma que beneficia a la PNP y militares investigados, Ortiz señaló: “El fuero militar es una forma de evadir responsabilidad. Hay que pedir que se anule”.
Por su parte, Rosa Lampa Buendía, representante de las víctimas de las esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista, tomó la palabra durante la conferencia. En su intervención, exigió justicia y reclamó una reparación por los gastos que tuvieron que asumir tras haber sido sometidas a esterilizaciones en contra de su voluntad.
Familiares de víctimas en el gobierno de Boluarte se pronuncian
“Me esterilizaron a los 19 años y todavía no he encontrado justicia. Nosotros pedimos lo que hemos gastado en lo que nos han esterilizado, lo que nos han hecho. ¿Cuánta plata hemos gastado hasta vendiendo nuestros animales? Nosotros no pedimos justicia, es por gusto. Hay veces que dice la gente que por gusto están. Recalcó que nosotros hemos denunciado al fiscal de derechos humanos. No hay justicia para nosotros que somos del campo, de comunidades”, contó una de las víctimas de las esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista.
Samillán, por su parte, recordó que su hermano Marco Antonio fue asesinado “por cometer el único delito de salvaguardar la vida de nuestros hermanos” en enero de 2023. Calificó a la presidenta Dina Boluarte como un “títere” de Keiko Fujimori y rechazó la gestión fujimorista. “Nosotros, los familiares, decimos que este gobierno no es nuevo, es la continuidad de la impunidad. Nos toman como un número más; los familiares somos familias incompletas que vienen buscando justicia. Aquí se encuentran los familiares de los deudos de los 80, 90 y 2000 que buscan justicia”, aseguró.
El familiar lamentó que el fujimorismo los califique como “violentistas” o “comunistas” por exigir justicia por sus deudos. “La justicia para las familias está cada vez más lejos porque, por pedir justicia, te catalogan como rojo o comunista. Acá estamos para decirle a Keiko Fujimori que su gobierno no es legítimo”, dijo. “Estaremos acá para hacerle frente a este gobierno dictador que intenta la impunidad cuando hay prueba suficiente para que los culpables paguen. Los héroes de la democracia son nuestros seres queridos que fueron asesinados. No pedimos conversación con la señora Fujimori, porque sin justicia no hay conciliación”, sentenció Samillán.
Familiares de víctimas exigen justicia y demora del Estado. Fotografía: Carlos Félix / URPI-LR
Roger Ruíz, padre del artista Eduardo Ruíz —conocido como 'Trvko' y asesinado durante el gobierno de José Jerí—, se sumó a la conferencia para exigir justicia. Allí denunció que la investigación por la muerte de su hijo, ocurrida a manos de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue derivada al fuero común cuando, según sostuvo, debió ser asumida por la Fiscalía de Derechos Humanos. Además, lamentó que el caso esté actualmente bajo la conducción de la fiscal Patricia Benavides.
“El caso de mi hijo duerme el sueño de los justos, no tiene ningún tipo de atención por parte del Estado. Nadie ha venido a verme del Estado. Estoy huérfano del Estado. Estoy solo contra el monstruo, exijo justicia para mi hijo. Mi hijo tenía un proyecto de vida y se lo han truncado”, recalcó Ruíz durante su intervención.
Padre de Trvko acudió a la conferencia para exigir justicia por su hijo y su nieto. Fotografía: Carlos Félix / URPI-LR
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