Tras la promulgación de la ley n.º 32735, que excluye a policías y militares de la justicia ordinaria en casos de delitos de función, los familiares de los deudos de las protestas del 2023 en la región Puno descartaron toda posibilidad de diálogo con el gobierno de Keiko Fujimori. La norma, impulsada por el fujimorismo, ha sido calificada como una “ley de impunidad” por los afectados, quienes anunciaron que volverán a las calles para exigir justicia y la derogatoria de esta medida.
“El gobierno pide reconciliación, pero a la vez con esta ley envía la investigación por la muerte de nuestros seres queridos al fuero militar policial, donde dormirá el sueño de los justos y donde además habrá impunidad. Me duele saber que estos, para protegerse, sacan su propia ley. Eso no es democracia. Eso es dictadura. Eso es violación de los derechos humanos. No tendremos ningún diálogo. Nos queda nuevamente salir a las calles”, aseguró Mariela Cayo, quien perdió a su esposo Manuel Quilla después de ser torturado por la policía en Lima en el 2023.
En la misma línea, Dominga Hancco, quien perdió a su hija Yamilet Arocutipa (17 años) por impacto de bala en los alrededores del aeropuerto Inca Manco Capac de Juliaca, el 9 de enero del 2023, sostuvo que una democracia no puede sustentarse en la impunidad. “No hay reconciliación sin justicia. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que se sancione a quienes le quitaron la vida a nuestros seres queridos. Esta ley solo revela que quieren enseñar de democracia y derecho a la vida; son los primeros que violan el derecho a la vida de otros. No me voy a cansar de pedir justicia por mi hija, que tenía toda una vida por delante. Pido que los nuevos parlamentarios tomen medidas al respecto”, precisó.
Amador Núñez, presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno (Fop), afirmó que respaldarán en todo lo necesario a los 18 deudos que perdieron a sus seres queridos en un solo día. “Lo que nos está diciendo el gobierno de Keiko Fujimori es que va a gobernar igual que su padre. Está pasando lo mismo que ocurrió con el grupo Colina, a cuyos miembros les dieron amnistía. Ahora están en la misma lógica, pero con leyes que les permiten actuar con impunidad. Eso no es democracia. Los nuevos senadores y diputados tienen que trabajar en la derogatoria de la ley de impunidad”, señaló.
Por su parte, Wilmer Quiroz Calli, abogado de los deudos, expresó su confianza en que los jueces apliquen control difuso, pues considera que la ley Rospigliosi es inconstitucional. “El Tribunal Constitucional ya definió qué es delito de función y ahora están ampliando los alcances para acentuar mayor impunidad. El proceso estaba avanzado y ahora va camino a la impunidad”, detalló.
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