La situación legal de Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal Lurigancho, podría culminar en una condena de hasta treinta años, según advirtió a Trome el penalista Mario Amoretti Pachas.
El también exdecano del Colegio de Abogados de Lima señaló que los delitos imputados a ‘Chibolín’ son graves y que, al sumar las penas, es factible que se le dicte esa condena. “Por corrupción son 8 años, por tráfico de influencias son 6 años, por cohecho activo específico son 8 años. Ahí nomás ya tenemos 22 años. Tranquilamente le pueden dar unos 30 años”, enfatizó.
En un primer momento, Amoretti Pachas sostuvo que la ampliación de la prisión preventiva responde a la complejidad del caso contra Hurtado, por lo que enfatizó que el pedido de la Fiscalía es perfectamente legal. Advirtió que el hecho de que todos los pedidos fiscales sean aceptados por el Poder Judicial sería un indicio de que sería condenado. “Se ha pedido una prolongación de prisión preventiva, porque el caso es muy complejo, ya que son varias personas implicadas, y hay delitos que son corrupción o de gravedad. Por eso se le amplía la prisión preventiva, lo que es legal (...) (La situación) es bastante delicada para él. Podemos ver una pena privativa de la libertad”, sostuvo a nuestro diario.
Debido a la gravedad de los cargos, el penalista le recomendó a ‘Chibolín’ que evalúe la posibilidad de someterse a una colaboración eficaz. “Lo que más le convendría a él es acogerse a la colaboración eficaz, y que le rebajen la pena”, enfatizó.
La exfiscal Elizabeth Peralta, a quien el propio ‘Chibolín’ llamaba “madre”, también se encuentra en prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. En mayo de este año, su medida cautelar fue ampliada por 15 meses. A ella, según la investigación, Hurtado le habría entregado una presunta coima para que se devuelva un cargamento de barras de oro incautado al empresario Javier Miu Lei. ‘Chibolín’ habría actuado como intermediario en esa operación.
Andrés Hurtado cumple prisión preventiva en San Juan de Lurigancho, investigado por las presuntas influencias que habría ejercido sobre algunos fiscales para favorecer a amigos y conocidos. Uno de esos supuestos beneficiados sería el empresario Javier Miu Lei. La fiscal Peralta, implicada en el mismo caso, también está recluida de manera preventiva.
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