El cantante Julio Iglesias presentó una demanda ante el Tribunal Supremo español contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por "intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal". En el escrito, al que tuvo acceso la agencia EFE, el artista solicita que Díaz lo indemnice con 50.000 euros (unos 57.000 dólares) por daño moral, además de exigir que reconozca públicamente que sus declaraciones vulneraron su honor y que se retracte de ellas, asumiendo también las costas del proceso.
El origen del conflicto se remonta a enero pasado, cuando la vicepresidenta se pronunció en su cuenta de Bluesky y en el programa *La Hora de la 1* de RTVE sobre la denuncia que dos exempleadas de las mansiones caribeñas de Iglesias interpusieron en su contra por delitos de abuso laboral y sexual. "Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo", escribió Díaz en la red social. Aquella denuncia, que también incluía cargos por trata con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual y delito contra los derechos de los trabajadores, fue archivada en España por falta de competencias.
La defensa de Iglesias calificó los comentarios de la vicepresidenta de "injuriosos y calumniosos". En febrero, el cantante presentó una demanda de conciliación contra Díaz, quien al ser miembro del Gobierno está aforada ante el Supremo. Al no lograr un acuerdo —la vicepresidenta se negó a retractarse durante el acto de conciliación celebrado a finales de mayo—, el siguiente paso fue la interposición de esta querella por los delitos de injurias y calumnias. Con esta acción legal, Iglesias continúa su batalla judicial contra Díaz por unas manifestaciones que, según su defensa, afectaron ilegítimamente su derecho al honor.
En paralelo, el cantante ha presentado en los juzgados de Madrid una querella por injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral contra varios periodistas del
diario.es, el medio que reveló la existencia de las denuncias contra
Iglesias, incluido su director, Ignacio Escolar, al considerar que sus informaciones tenían comentarios "falsos e injuriosos" que buscaban "menoscabar su imagen pública" y "minar" su reputación. Dos exempleadas de Julio Iglesias lo habían denunciado por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó en enero la investigación abierta al considerar que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia, por falta de competencias, ya que los hechos denunciados, que también reveló
Univisión Noticias, se habrían cometido en países del Caribe. En la investigación de varios años publicada por esos medios, las extrabajadoras narraban abusos laborales y agresiones que incluyen penetraciones, besos no consentidos y otras violencias sexuales.
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