El Perú ha llegado a un punto donde ya no puede elegir qué problemas atender primero: las brechas en infraestructura, salud, educación, agua y transporte son tan profundas que prácticamente todo resulta urgente. Sin embargo, el discurso político se ha centrado en dos palabras de moda: el Fast Track o “ejecución acelerada” y el famoso “destrabe”. La columnista Paola Lazarte confiesa haberlas usado también, reconociendo que son términos sencillos y autosuficientes para la audiencia, aunque sin explicar cómo se implementarían en términos prácticos.

El problema, advierte, es que convertidas en eje del discurso terminan ocultando una realidad más compleja. Ni el destrabe ni la ejecución acelerada constituyen una política pública; son mecanismos excepcionales para resolver situaciones excepcionales, pero no pueden reemplazar la reforma estructural que el Estado necesita. Apostar únicamente por destrabar proyectos o acelerar algunas inversiones puede generar resultados inmediatos, pero no modifica la capacidad permanente del Estado para planificar, priorizar y ejecutar con eficiencia.

La verdadera pregunta, según Lazarte, no es cómo acelerar unas cuantas obras, sino por qué millones de peruanos deben esperar mientras solo un grupo reducido de proyectos recibe atención prioritaria. «¿Qué le decimos a una comunidad de Huancané, en Puno, que aún carece de servicios básicos?», se pregunta. La reforma de fondo consiste en construir un Estado que no necesite mecanismos extraordinarios para cumplir con sus ciudadanos: un Estado capaz de ejecutar bien desde el primer día, con reglas claras, instituciones sólidas y una planificación territorial que cierre las brechas históricas entre el Perú urbano y el Perú rural. Solo entonces dejará de ser noticia que una obra avance, porque esa será, simplemente, la forma normal de gobernar.

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