El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ha advertido que, a nivel nacional, 182 distritos presentan un riesgo “muy alto” ante sismos, mientras que otros 486 municipios enfrentan un nivel “alto”. En estas zonas de alerta se estima que existen más de siete millones de viviendas vulnerables.
Sin embargo, el impacto de un terremoto no solo provocaría el colapso de inmuebles, sino que también comprometería infraestructura clave para mantener servicios básicos y la conectividad del país durante una emergencia. “Ocurrido un sismo no solamente se cae la infraestructura que no esté bien diseñada, sino que se cortan los servicios. Muchos de los sistemas de alcantarillado tienen más de 100 años de haber sido instalados y no han sido mejorados o mantenidos en el tiempo. En lo que es electricidad y conexión de comunicaciones también podría haber una parálisis”, explicó Mary Mollo, especialista en Gestión de Riesgos de Desastres de ESAN.
Previamente, un estudio de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) indicó que cerca del 80% de las casas en el Perú se edificaron de manera informal. Asimismo, el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) advirtió que aproximadamente el 90% de las viviendas autoconstruidas en el país no siguieron buenas prácticas, lo que las hace altamente vulnerables ante terremotos.
El estudio de Cenepred, elaborado para el Plan Multisectorial ante Sismos y Peligros Asociados 2026-2028, revela que más de 11,700 infraestructuras de educación y salud se encuentran en riesgo “muy alto” frente a sismos o peligros vinculados. En los distritos con esa clasificación se concentran 1,548 establecimientos de salud y 10,240 instituciones educativas, además de más de 21,600 kilómetros de redes de agua, 4,134 kilómetros de la Red Vial Nacional, 597 puentes, 52 puertos y 34 aeródromos.
En las zonas de riesgo “alto”, otras 2,770 centros de salud y más de 19,000 colegios estarían expuestos, junto con 9,725 kilómetros de carreteras nacionales, 816 puentes, 27 puertos y 26 aeródromos. No obstante, que una infraestructura esté en un área de alto riesgo sísmico no implica que colapsará durante un terremoto. Su resistencia depende de factores como el diseño, los materiales, la antigüedad y el cumplimiento de las normas de construcción.
Ante este panorama, la especialista de ESAN sostiene que la prioridad debería centrarse en los establecimientos de salud y las instituciones educativas.
Previamente, datos del Ministerio de Salud (Minsa) ya reconocían que un 97% de establecimientos de salud del primer nivel de atención tenían una capacidad instalada inadecuada, es decir, infraestructura y equipamiento que no se encuentran de acuerdo con lo establecido en las actuales normas técnicas de salud. En tanto, el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 identificó que cuatro de cada 10 edificaciones educativas fueron construidas antes de 1998, por lo que no cumplen con la Norma de Diseño Sismorresistente. Además, el 61% se encuentra en zonas de amenaza sísmica alta o muy alta.
“Si tuviera que priorizar una inversión en infraestructura pública lo haría en reforzamiento sísmico de hospitales y de escuelas. Debe revisarse si tienen resiliencia estructural. Otra urgencia es realizar una evaluación de la debilidad estructural de todas las infraestructuras públicas. Estos servicios (los de salud) se van a necesitar para salvar vidas”, indicó. Ante un eventual terremoto, resulta preocupante que en promedio existan más de 11,000 infraestructuras de salud y educación con mayor exposición debido a las pérdidas humanas que podrían generar.
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