Prevención de desastres: por cada dólar invertido, el Estado ahorra hasta 15 dólares en reconstrucción

La inversión pública en prevención y reducción de riesgos sigue siendo baja frente a la magnitud del problema en el Perú. Aunque no hay una cifra única consolidada, los programas presupuestales y fondos vinculados a esta materia permiten dimensionar una brecha persistente entre lo que el país necesita y lo que realmente ejecuta.

Según la Universidad Católica San Pablo (UCSP) de Arequipa, por cada dólar invertido en prevención, el Estado puede ahorrar hasta 15 dólares en reconstrucción ante desastres naturales. Esta cifra aplica para todo tipo de eventos de origen natural o antrópico, como lluvias, inundaciones, sismos, erupciones o incendios forestales. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) tiene estudios que evidencian que la prevención genera importantes eficiencias en el manejo de los recursos públicos.

“Si la mitad (del presupuesto en prevención) sería para reconstrucción y la diferencia para correctiva y prospectiva, estamos hablando de aproximadamente 3 millones anuales; si hacemos una estimación rápida, podríamos tener un ahorro anual de 1.5 millones de soles”, indicó Joshelyn Paredes, especialista en gestión del riesgo de desastres y docente de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la UCSP.

El principal documento presupuestal específico para prevención, reducción del riesgo y preparación es el Programa Presupuestal 0068 – Prevaed (Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres). Para 2024, los 25 gobiernos regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima asignaron alrededor de 940 millones de soles vinculados a este programa. Sin embargo, la ejecución fue muy baja: del 3.4% al primer trimestre de 2025, según la Defensoría del Pueblo.

Además, existe el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes), que financia proyectos de mitigación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

Menos del 10% del presupuesto peruano para gestión del riesgo se destina a prevención y reducción, mientras que el 90% restante se concentra en atención de emergencias y reconstrucción post desastre. A nivel global, menos del 1% del gasto público se dirige a la reducción de riesgos, un panorama que expertos consideran contraproducente para un país de alta vulnerabilidad física y recursos fiscales limitados.

En cuanto a las entidades responsables, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) elabora mapas de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mientras que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) asume la atención de emergencias y la respuesta reactiva. No obstante, Paredes advirtió una “brecha importante” entre la información técnica producida y las decisiones concretas.

“En el caso de Arequipa teníamos sistemas de drenaje subdimensionados. No era nuevo que teníamos una elevada vulnerabilidad en las zonas aledañas a las torrenteras. Los mapas de peligro, vulnerabilidad y de riesgo estaban. Pero con este ejemplo lo que quiero decir es que la brecha que hay entre el conocimiento, la información que se no necesariamente se materializa en acciones tangibles para la gestión”, acotó.

Por ello, el especialista sostuvo que la gestión del riesgo no puede depender solo del Ejecutivo central, sino de una articulación real entre gobierno nacional, regiones, provincias y municipios, con roles y responsabilidades claras para formular, ejecutar, supervisar y fiscalizar proyectos. En su opinión, se debe aumentar el porcentaje del presupuesto de gestión del riesgo destinado a prevención, crear comisiones técnicas multisectoriales altamente capacitadas y apostar por soluciones basadas en la naturaleza, como barreras vegetales y ecosistemas que absorben agua y capturan carbono, para enfrentar lluvias cada vez más intensas asociadas al cambio climático.

Falta de cultura de prevención

Pese a que el Perú cuenta con un marco normativo e institucional como el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) y entidades técnicas como el Cenepred, el país prioriza la reacción antes que la prevención. La brecha entre lo que está en los documentos y lo que ocurre en la práctica es amplia: se asignan partidas presupuestales para prevención, pero muchas entidades no solicitan los recursos a tiempo o, cuando los reciben, no los ejecutan.

“Hay una distancia entre lo escrito y lo real. De manera que en lo real el avance como país en materia de prevención es prácticamente mínimo, e incluso inexistente”, señaló Karla Gaviño, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Tras el fenómeno de El Niño costero, se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y luego se encargó a la Autoridad Nacional de Infraestructura (Anin) la continuidad de varios proyectos de prevención y mitigación. Sin embargo, la mayoría sigue en fase de estudios o expedientes técnicos, y pocas obras han llegado a ejecución.

Gaviño añadió que “inclusive dentro de los que están en obra de ejecución, hay algunos que ya se están paralizando y que están con problemas para la continuidad contractual. (…) Ni las instituciones grandes creadas ad hoc con la finalidad de atender lo que tiene que ver con los desastres naturales y su prevención pueden manejar adecuadamente los recursos, los proyectos de infraestructura, ni la continuidad de las obras”. Precisamente, la Anin, entidad que ha mantenido continuidad en su alta dirección, aun así enfrenta constantes paralizaciones de obras, aumentos de costos y pedidos reiterados de recursos adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Gaviño señaló que el caso de Anin es “un caso bien emblemático de cómo le va la infraestructura pública peruana, donde ni inclusive cuando se tiene una institución, normas habilitantes, proyectos avanzados, se logra concretar con los proyectos a tiempo y en la calidad adecuada”. La metodología reactiva del Estado frente a desastres naturales provoca la pérdida de servicios básicos, infraestructura y vidas humanas, afectando a la ciudadanía y al país en su conjunto. Por ello, la planificación urbana resulta clave para la prevención. “Los cambios constantes de funcionarios e municipios tampoco nos sirven para poder implementar, no nos ayudan a implementar políticas públicas que piensen en ayudar a los gobiernos regionales y locales a tener un mejor planteamiento de cómo administrar el territorio”, puntualizó Gaviño. Bachiller en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, con seis años de experiencia en prensa radial, escrita, digital e instituciones públicas.

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