Un diagnóstico del Ministerio de Salud (Minsa) reveló que, a diciembre de 2020, el 97% de los establecimientos del primer nivel de atención y el 96% de los hospitales del país tenían una capacidad instalada inadecuada. En ese contexto, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) alertó que, de 50 obras de infraestructura de salud con contratos firmados bajo la modalidad de obra pública tradicional entre 2010 y 2019 —cada una por más de US$ 15 millones—, el 20% estaban paralizadas al 26 de julio de este año, la mayoría con contrato resuelto.

Uno de los casos emblemáticos es el hospital de Andahuaylas: su perfil se elaboró hace seis años, la obra arrancó en 2013, pero está detenida desde 2014 y su contrato se resolvió en 2019. Otro ejemplo es el hospital de Cañete (meta II, que incluye construcción y equipamiento), cuyas obras comenzaron en septiembre de 2015. Desde entonces acumula 18 adicionales (prestaciones no previstas en el contrato original) y 47 ampliaciones de plazo, y aún sigue en ejecución con retraso respecto al cronograma.

“Construir una obra de infraestructura implica un largo proceso de coordinación entre las partes. Lamentablemente, la mala gestión en algunos casos generó sobrecostos para el erario público que podrían haberse evitado”, señaló Yovanna Ramírez, jefa del Área Económica de AFIN. La ejecutiva puso como ejemplo el hospital regional Miguel Ángel Mariscal Llerena: su nueva sede inició obras en 2014 y se entregó en 2018, diez meses después de lo programado. Durante la ejecución se registraron irregularidades que, según la Contraloría General, provocaron un perjuicio económico de más de S/ 5 millones.

En 2020, apenas se adjudicaron cuatro contratos de obras bajo ese esquema, mientras que al 22 de julio de este año se convocaron cuatro procesos de contratación de obras similares, enmarcados en acuerdos Gobierno a Gobierno, y una contratación directa para un saldo de obra. La baja ejecución presupuestal refleja los problemas de gestión: en 2020, el presupuesto para inversión en salud registró un avance de 63.7%, y al 30 de julio de 2021, apenas un 24.5%. En ese contexto, nueve gobiernos regionales que reciben recursos COVID-19 para inversión en salud ejecutaron menos del 50% al 30 de julio, entre ellos Huancavelica y Cajamarca, regiones con altos niveles de pobreza. “No están consiguiendo gastar por carecer recursos, sino porque su capacidad es limitada. La solución al problema pasa por elevar la capacidad técnica de los funcionarios y facilitar un ecosistema colaborativo para la gestión de proyectos”, agregó Ramírez. A esto se suma la necesidad de más especialistas en salud. Según la Dirección General de Personal de la Salud del Minsa, la brecha de personal solo en el Minsa y las regiones asciende a 9,662 médicos especialistas, 2,542 cirujanos, 27,478 profesionales y 20,003 técnicos asistenciales a julio de 2021.

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