Lima vive con la ilusión de que “no pasa nada”. Pero su historia dice lo contrario. El silencio sísmico que experimenta la capital no es seguridad, sino acumulación de energía. El último gran sismo que golpeó directamente a la capital fue el 24 de mayo de 1940 (M 8.2), con centenares de fallecidos y miles de heridos. Antes, el referente extremo es el 28 de octubre de 1746 (M 8.6–8.8) que arrasó Lima y el Callao y generó un tsunami devastador.
A nivel nacional, los “grandes” recientes refuerzan la alerta: Arequipa–Moquegua 2001 (M 8.4) con tsunami y daños extensos; y Pisco 2007 (M 8.0), que dejó 595 fallecidos, más de 58 mil viviendas destruidas y 103 hospitales afectados. Son postales de lo que un megasismo podría replicar en una Lima más densa, vertical y con servicios críticos concentrados.
¿Qué significaría hoy un evento mayor bajo el contexto político actual? Lima y Callao concentran ~44% del PBI: un shock ahí no es sectorial; es macroeconómico y fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas estima, sobre la base de estudios del BID y el Banco Mundial, que un sismo severo en Lima y Callao (probabilidad anual de excedencia 0.1%) podría causar pérdidas superiores a US$ 72 mil millones, considerando propiedad privada e infraestructura. En un escenario de fragmentación política, rotación de autoridades y presupuestos tensos, la capacidad de coordinar respuesta, reconstrucción y continuidad de servicios se vuelve el cuello de botella.
La ciencia ha planteado escenarios extremos para la metrópoli, como un sismo de magnitud 8.8 con tsunami. No se trata de alarmar, sino de priorizar: reforzar hospitales, puentes y plantas de agua potable; ordenar el parque escolar; asegurar y hacer retrofit del stock de vivienda autoconstruida; y establecer una gobernanza metropolitana real para emergencias (Lima–Callao–ATU–Sedapal–DISA) con protocolos únicos y tableros en tiempo real. Cada dólar invertido en reducción del riesgo y cumplimiento sísmico evita múltiples dólares en pérdidas y reconstrucción y, más importante, salva vidas. Hay avances, sí, pero no alcanzan. El Perú creó una estrategia de protección financiera (Cat DDOs por US$ 500 millones acumulados desde 2010–2015) y participó en el bono catastrófico de la Alianza del Pacífico, que aseguró US$ 200 millones contra terremotos vía gatillo paramétrico. Estos instrumentos son liquidez y puente, no sustitutos de prevención ni de seguros masivos para infraestructura y vivienda. La verdad incómoda: el efectivo disponible tras el desastre cubriría una fracción mínima de un choque de decenas de miles de millones.La pregunta que enfrenta Lima no es si ocurrirá un gran sismo, sino cómo nos encontrará cuando suceda. La capital ha crecido sin perder su riesgo sísmico, y aunque la política pueda debatir casi todo, “menos la física de la subducción”, la preparación es ineludible. El camino práctico, incluso en un entorno político turbulento, pasa por cinco acciones concretas: primero, cumplir la norma o no inaugurar edificaciones esenciales sin certificado estructural y plan de continuidad; segundo, priorizar escuelas y hospitales con refuerzo acelerado y seguros obligatorios; tercero, blindar agua y energía mediante anillos de redundancia, equipos críticos asegurados y contratos de respaldo; cuarto, realizar simulacros con logística real —no solo evacuación, sino prueba de radios, llaves maestras, rutas para ambulancias y protocolos con concesionarias—; y quinto, contar con finanzas pre-aprobadas, como líneas contingentes y compras marco, para no frenar por trámites. Prepararse cuesta, pero no prepararse destruye. En una capital que mueve casi la mitad del PBI, la resiliencia sísmica no es un tema técnico: es política económica en estado puro.
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