El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien gobierna el país desde 2007 y comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo —designada copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo—, afirmó el domingo que en el país no volverán a celebrarse elecciones como mecanismo para que la oposición acceda al Gobierno. “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, declaró durante el acto por el 47.º aniversario de la insurrección sandinista que derrocó a Anastasio Somoza Debayle en 1979, realizado en Managua.
En su discurso, el mandatario de ochenta años anunció que trabajará con la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— para aprobar leyes que pongan un muro a los partidos que aspiren a llegar al poder por la vía electoral. No precisó cómo se materializaría ese cambio. Aunque la declaración no altera de inmediato una situación conocida —observadores internacionales denuncian desde hace años la ausencia de competencia real en los comicios nicaragüenses—, sí supone un cambio explícito en el discurso oficial.
En las presidenciales de 2021, Ortega y Murillo encarcelaron a los principales aspirantes opositores y se adjudicaron cerca del 76% de los votos, en unos comicios que Estados Unidos y otros gobiernos desconocieron. La reciente advertencia del presidente se produce a casi un año de los próximos comicios, para los que ya impulsó una serie de reformas legales.
El anuncio de Daniel Ortega ha generado reacciones inmediatas entre la oposición en el exilio. Juan Sebastián Chamorro, uno de los aspirantes presidenciales que fue encarcelado antes de los comicios de 2021, interpretó las declaraciones como la confirmación de un modelo de partido hegemónico. "Probablemente lo que está pensando Ortega es en un sistema de designaciones internas, como ocurre en China, donde los funcionarios son escogidos dentro del propio partido", señaló en declaraciones recogidas por El País.
Desde Costa Rica, el colectivo Nicaragua Nunca Más afirmó que el Frente Sandinista se ha convertido en un partido sin oposición real dentro del país. Recordaron que el régimen ha cerrado miles de organizaciones civiles, cancelado partidos políticos y clausurado medios de comunicación.
La postura de Ortega confronta directamente con la política de Estados Unidos. Desde la crisis de 2018, Washington ha condicionado cualquier salida al restablecimiento de la democracia y a la realización de elecciones libres con observación internacional. En enero de este año, el Departamento de Estado acusó a Rosario Murillo de haber asumido la copresidencia sin mandato ni legitimidad. Además, desde 2018, el gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a decenas de funcionarios y entidades vinculadas al Ejecutivo de Ortega.
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