El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó que la decisión de retirarle la credencial a Rafael López Aliaga como senador electo haya sido producto de presiones políticas de Renovación Popular. Eder Quiroz, jefe del gabinete de asesores de la presidencia del JNE, explicó en RPP que la resolución, adoptada el último sábado, se sustenta en un "vacío normativo" que el propio Congreso de la República había identificado previamente.
El pleno del organismo electoral, con una votación en mayoría, resolvió dejar sin efecto la credencial del líder de Renovación Popular y designó en su lugar a Absalón Vásquez como reemplazo. Vásquez ocupaba el siguiente lugar en el orden de prelación de la votación preferencial que obtuvo el partido fujimorista. La comunicación que activó este proceso fue remitida por el presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi.
Quiroz enfatizó que la medida no responde a ninguna injerencia externa, sino a la necesidad de aplicar la normativa vigente ante un escenario no contemplado expresamente en la ley. El JNE actuó tras detectar que la situación de López Aliaga encajaba en ese vacío legal, lo que llevó a la revocatoria de su credencial y a la convocatoria de Vásquez para asumir la curul de senador.
La resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que revocó la credencial de Rafael López Aliaga fue, según su vocero Eder Quiroz, una respuesta puntual a un problema administrativo detectado durante la instalación del nuevo Congreso. Explicó que el pleno actuó para "salvaguardar la representación política" de las organizaciones partidarias en la asignación de escaños, y no como un pronunciamiento sobre la irrenunciabilidad del mandato legislativo. Quiroz detalló que la Oficialía Mayor del Congreso tenía plazo hasta el 30 de junio para recibir las declaraciones juradas y credenciales de todos los senadores electos. Al no contar con la de López Aliaga dentro de ese periodo, la Oficialía puso la situación en conocimiento de las autoridades para que se adoptaran decisiones que superaran ese vacío normativo.
Renovación Popular, el partido del alcalde de Lima, mantiene una postura beligerante contra el JNE desde la primera vuelta de las elecciones presidenciales, cuando denunció —sin pruebas— un fraude en su contra. Sin embargo, el vocero negó que ese antecedente haya influido en el sentido del fallo, y aseguró que el JNE actúa "con apego estricto a la ley".
El pleno del JNE ha dispuesto que su Oficina General de Asesoría Jurídica elabore un proyecto de ley, el cual —una vez aprobado por el pleno del organismo— será remitido al Congreso. La finalidad, según detalló Quiroz, es integrar y corregir las deficiencias normativas que este caso ha dejado al descubierto. El vocero remarcó que las funciones del JNE no culminan con la proclamación de resultados ni con la entrega de credenciales, y que el organismo puede emitir un pronunciamiento adicional cuando surge una controversia de naturaleza electoral, como ocurrió con la conformación del Senado para el periodo 2026-2031.
Quiroz insistió en que el JNE actúa "de manera objetiva" y con estricto apego al marco constitucional, la Ley Orgánica de Elecciones y las normas complementarias vigentes. No obstante, el funcionario evitó referirse a los próximos pasos que tomará Renovación Popular frente a la resolución ni a una eventual respuesta pública de Rafael López Aliaga.
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