La integrante del Tribunal Constitucional (TC) Luz Pacheco Zerga ofreció una entrevista con La República en la que abordó el reciente fallo que le quita el gasto público al Congreso, sus posibles vínculos con Fuerza Popular y la relación entre el Parlamento y el máximo intérprete de la Constitución.
Consultada sobre si el Congreso y el TC trabajan de la mano, Pacheco recordó que su elección se dio mediante un concurso de méritos y negó que existiera un acuerdo previo. “No se puede decir que haya habido un acuerdo para que seamos nosotros y no otros”, afirmó. Aunque reconoció que fueron elegidos por un Congreso con mayoría de Fuerza Popular, descartó que eso haya condicionado sus decisiones. “Cuando nos dicen que nosotros a la anterior mayoría les permitimos hacer lo que quisieran y que ahora ya les quitamos esa potestad porque ha cambiado la mayoría, eso no es verdad”, sostuvo. Agregó que el TC ha declarado inconstitucionales varias leyes y otras no, según lo que correspondía en cada momento.
En cuanto a una posible autocrítica sobre la gestión del TC, Pacheco señaló que el aprendizaje es constante. Puso como ejemplo el tema del gasto público: una sentencia del 2022 —de un colegiado anterior— permitió que el Congreso autorizara aumentos en la negociación colectiva del personal del Estado sin que afectara el ejercicio vigente. “Allí se afirmó que se podía autorizar, en la negociación colectiva del personal del Estado, un aumento cuando no incidiera sobre el ejercicio que estaba en ese momento, sino sobre el siguiente”, explicó. Ahora, el actual TC ha determinado que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y que esa facultad no puede afectar los años siguientes.
— ¿Cómo se gestó en el 2022 la aprobación de esta iniciativa de gasto a favor del Congreso?
— No fuimos nosotros, fue el colegiado anterior. Además, fue una decisión en la que intervinieron, me parece, hasta dos personas, porque hubo muchos votos dispares.
Pacheco subrayó que su labor se guía por la Constitución y no por intereses partidarios. “Yo voy de la mano con la Constitución. No voy de la mano con el fujimorismo ni con ningún partido”, declaró.
— Desde entonces esa interpretación de que se podría afectar el presupuesto por iniciativa del Congreso ha ocasionado un sinfín de normas que han afectado el erario público. Con la nueva sentencia la mayoría ha establecido unas pautas para que la iniciativa de gasto esté en manos del Ejecutivo y en alguna excepción pueda el Congreso coordinar con el Ejecutivo para plantear una ley. Yo no he compartido esa ley porque considero que no debe haber excepciones.
— No, no fuimos nosotros. Eso venía de una decisión anterior y, a lo mejor, sí hubiéramos podido prever antes lo que iba a ocurrir. No fue mala idea, simplemente que no somos economistas. Y después empezaron a promulgarse, a salir todas las denuncias, por decir así, sobre el abuso del Congreso. Hemos invitado al Consejo Fiscal aquí, al Tribunal, con el Pleno. Hemos estado averiguando porque estaba lo de Petroperú, son varios casos. Ahora sí tenemos varias decisiones en esa línea.
— Sí.
— Claro, en el 2022. Yo pienso que la sentencia es la de la asignación mensual del personal acuartelado. Hubo otra decisión, pero es verdad que después hubo otra decisión, que yo tampoco en ese momento compartí, en la que se aceptó que, por ser una situación de emergencia, que era el pasar a planillas al personal que trabajó en toda la crisis sanitaria por el COVID, entonces ese personal estaba prohibido por ley de pasar a planillas porque había sido contratado por locación de obra. Entonces, como en esa ley se establecía que el pase sería gradual y en relación con el MEF, la mayoría decidió que eso era constitucional. Ya después hemos visto que la cosa ha ido a peor y, desde comienzos de año, estábamos viendo en qué expediente que teníamos podíamos parar ese asunto, porque el Tribunal no puede salir a dar un comunicado. El pronunciamiento del Tribunal tiene que ser a través de una sentencia.
— Sí, más o menos. Pero hemos empezado a debatirlo, yo diría, desde marzo. Lo que pasa es que desde el comienzo se plantearon muchas más pautas y, en cada semana que había un debate, se iba perfilando. Se adoptó hace como un mes, pero después ocurrió que un magistrado que no estaba reservó su voto, hasta que llegó. Emitió su voto y mandó físicamente el voto. Eso sí nos demoró bastante.
— ¿Considera que al salir recién esta decisión se puede poner un poco en tela de juicio que el TC va de la mano con el fujimorismo?
— Es falso que yo vaya de la mano con el fujimorismo o con algún partido político. Yo voy de la mano con la Constitución, con Dios y con mi conciencia. Cada uno responde por su voto, y creo que pueden revisar mi votación. Hay quienes dicen: "Ah, como yo estoy a favor del indulto de Fujimori, soy fujimorista". No es así. Yo estuve a favor porque era un caso humanitario; de hecho, el señor se murió a los pocos meses.
— ¿Cuál es el mensaje que daría a la población para que confíe que el TC es totalmente autónomo?
— Sé que, en general, hemos perdido la confianza en las instituciones por la corrupción que ha habido. Eso nos hace daño a todos: la sospecha habitual. Invitaría a la población a analizar objetivamente nuestras decisiones y darse cuenta de que no es así. La justicia es ciega. Me da lo mismo que sea fujimorista, de Perú Libre o lo que sea.
— ¿Hay alguna decisión de la que se arrepiente de no haber tomado?
— En el tema del terrorismo, sigo pensando que si esas personas ya cumplieron con todo lo que exige la ley para la rehabilitación, hay que darles la verdadera resocialización. Pero como no siempre se puede establecer un punto final —porque es muy difícil que una persona con esas ideas cambie de planteamiento—, siempre tengo la duda. Esa es la única que, por decirlo así, me ha pesado más.
— Se cierra una gestión de este Congreso y Ejecutivo
— Y comienza la era de Fuerza Popular, a cargo también de Keiko Fujimori como presidenta.
— ¿Cuál cree que es el rol que ahora toma el TC sobre las demandas que quedan pendientes entre el Ejecutivo y el Legislativo?
— Seguirán su curso, lo que corresponda. Si presentan acciones de inconstitucionalidad contra las leyes —esas 250 leyes—, ya verá el Ejecutivo cuáles presenta como inconstitucionales y actuaremos en consecuencia. Yo ya lo he dicho: para mí, los congresistas nunca tienen iniciativa de gasto. El artículo 79 es la regla en esa cuestión.
— ¿Cuál es el trámite regular que se debe seguir?
— No necesariamente la derogación, puede plantearse mediante una acción de inconstitucionalidad. Esta es normalmente presentada por el Ejecutivo. Pero los colegios profesionales también pueden pedir una declaración de inconstitucionalidad. El Tribunal estudiará y decidirá, pero nunca políticamente.
— Hay decisiones y decisiones que pueden ser cuestionables
— Sé que mis decisiones tienen impacto político, pero no puedo decidir calculando eso. Este es casi el final de mi carrera profesional. No aspiro a tener otros cargos después. Quiero irme con todos mis errores y limitaciones, pero con la conciencia tranquila de que he procurado actuar correctamente en todas las situaciones.
— ¿En algún momento se ha sentido presionada?
— A mí nunca, jamás me han presionado (…). Nunca recibí presiones de nadie. De nadie ni de nada.
— ¿Hubo acercamientos con Fuerza Popular o Perú Libre?
— No. He tenido muchos acercamientos con el Congreso para pedirle presupuesto teniendo en cuenta nuestras necesidades, pero nada más.
— ¿Nunca le dejaron entrever la posibilidad de influir en alguna decisión?
— No. Jamás han querido hacer un toma y daca. Bueno, si te doy esto, pero tú a cambio me das aquello. No. No lo hubiera admitido tampoco, pero creo que en el Congreso me conocen y respetan mi manera de ser: nunca nos han querido imponer alguna idea o petición.
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