Deporte en alerta por demora del gobierno. La organización del Grand Prix Lima 2026, torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, está en vilo por la demora en la publicación de un decreto supremo que autoriza la transferencia de recursos para su realización. La Federación Deportiva Peruana de Judo ha manifestado su gran preocupación ante esta situación, que ya afecta la planificación logística del evento. Aunque la medida fue aprobada por unanimidad en la sesión del Consejo de Ministros del pasado 8 de julio, la norma aún no se ha oficializado en el diario oficial *El Peruano*. Esta demora resulta crítica, considerando que el evento está previsto del 14 al 18 de agosto, y la falta del decreto impide avanzar con los preparativos necesarios. En concreto, en la sesión del Consejo de Ministros del 7 de julio se dio luz verde al Proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Instituto Peruano del Deporte (IPD) a otorgar subvenciones adicionales a las previstas en el Anexo A de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. Estos recursos están destinados a la Federación Deportiva Peruana de Judo para garantizar la realización de este evento de talla mundial. El Grand Prix Lima 2026 reunirá a alrededor de mil atletas de casi 80 países del mundo, incluyendo a los mejores judokas del planeta. La demora en la publicación del decreto supremo no solo pone en riesgo la logística del torneo, sino que también perjudica la imagen del Perú como sede de competencias internacionales. La federación espera que el Ejecutivo agilice el trámite para evitar que el país pierda esta importante oportunidad deportiva.

El presidente de la República, José María Balcázar, aún no ordena la publicación del decreto supremo que permitiría la organización del Grand Prix Mundial de Judo, pese a que el proyecto fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Ministros, con cargo a redacción, tras previo análisis y deliberación. La demora, atribuida a temas políticos coyunturales, perjudica la realización del evento, que requiere toda la logística con tiempo en hoteles, transporte y alimentación para deportistas nacionales y extranjeros. La norma, que regula el financiamiento y la limitación al uso de los recursos autorizados para el otorgamiento de las subvenciones, aún no ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano, según denunció la presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Judo, sensei María Martínez Murciego.

Martínez Murciego declaró que "quisiera expresar, con el mayor respeto, una preocupación como presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Judo. Tenemos conocimiento de que el Consejo de Ministros aprobó otorgar las facilidades necesarias para que el IPD pueda transferir los recursos destinados al Grand Prix de Judo Lima 2026. Sin embargo, transcurrida más de una semana, la norma aún no ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano". La sensei agregó que "este retraso limita nuestra capacidad de planificación y pone en riesgo los altos estándares de organización que el Perú siempre ha demostrado en eventos internacionales. El Grand Prix no solo representa al judo; representa la capacidad y el prestigio de nuestro país ante el mundo".

Es importante destacar que este evento muestra al Perú al mundo, por ser de interés nacional, y cuenta con la documentación y opinión favorable del Instituto Peruano del Deporte, así como la concesión por dos años: 2025 y 2026. "Cuando el Estado ya ha tomado una decisión, el deporte solo necesita que esa decisión pueda ejecutarse oportunamente. El prestigio del Perú y el trabajo de muchos profesionales muy serios involucrados en este proyecto, depende de ello", concluyó Martínez Murciego.

El acta de la sesión del Consejo de Ministros del 8 de julio de 2026, aprobada bajo la presidencia de José María Balcázar Zelada, Presidente de la República, contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, y de los titulares de diversas carteras. Entre ellos estuvieron Rodolfo Acuña Namihas (Economía y Finanzas), José Mercedes Zapata Morante (Interior), Luis Enrique Jiménez Borra (Justicia y Derechos Humanos) y Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (Educación). También asistieron Juan Carlos Velasco Guerrero (Salud), Felipe César Meza Millán (Desarrollo Agrario y Riego), Freddy José María Solano González (Trabajo y Promoción del Empleo), César Manuel Quispe Luján (Producción), Berthin Enrique Gómez Vela (Comercio Exterior y Turismo) y Aldo Martín Prieto Barrera (Transportes y Comunicaciones). Completaron la lista Edith Betzabeth Pariona Valer (Mujer y Poblaciones Vulnerables), Fátima Soraya Altabás Kajatt (Cultura), Nelly Paredes del Castillo (Ambiente) y Lily Norka Vásquez Dávila (Desarrollo e Inclusión Social).

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