El informe se publica tras meses de un creciente endurecimiento de la política de Washington hacia la isla, que enfrenta una severa crisis económica y energética. El Departamento de Estado centró sus acusaciones en la Red Nacional sobre Cuba, una coalición de más de 60 organizaciones estadounidenses que, según el documento, mantiene lazos con el ICAP (Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos), una entidad sancionada por supuestamente respaldar actividades de inteligencia y contrainteligencia. El reporte también menciona a CodePink, Socialistas Democráticos de América y el Gremio Nacional de Abogados, a los que EE. UU. señala como parte de una infraestructura de activismo conectada con La Habana. No obstante, el texto aclara que el apoyo de los Socialistas Democráticos de América sería mayormente ideológico, sin control directo de la inteligencia cubana.
Otro punto clave es el “Plan Nacional de Respuesta Rápida”, difundido por la Red Nacional sobre Cuba, que propone protestas coordinadas frente a edificios federales, bases militares e instalaciones del ICE en caso de una acción militar estadounidense contra la isla.
En paralelo, la administración Trump ha intensificado su campaña económica en 2026. El presidente firmó una orden ejecutiva que autoriza aranceles a importaciones de países que suministran petróleo a Cuba y amplía las sanciones contra entidades extranjeras vinculadas a sectores estratégicos de la economía cubana.
El presidente Miguel Díaz-Canel calificó las nuevas medidas de Estados Unidos como “un castigo colectivo sobre la población” y aseguró que la Casa Blanca aplica “una política de máxima asfixia y presión”. En una entrevista con RT, el mandatario cubano afirmó: “Hoy no vivimos solamente el asedio tradicional que hemos resistido durante más de 66 años. Tenemos además un bloqueo energético. Es una política de máxima asfixia con el objetivo de quebrar la voluntad del Estado”. Díaz-Canel sostuvo que las autoridades estadounidenses deberán responder “a nivel internacional por el crimen y el genocidio que han orquestado contra Cuba”.
Estas restricciones se suman al embargo vigente desde la década de 1960. Según el informe, el endurecimiento coincidió con el bloqueo de las vías de abastecimiento de petróleo venezolano, lo que agravó la situación energética del país. El gobernante cubano también señaló que el apremio respecto a empresas extranjeras provocó la salida de una parte importante de los inversores y afectó procesos productivos y servicios esenciales.
Trump ha insistido en que el gobierno cubano podría ser el siguiente en sucumbir a su coerción y llegó a afirmar en junio que Estados Unidos estaría en condiciones de “tomar el control” de la isla “casi de inmediato”. Pese al aumento de la tensión, Cuba aseveró que mantendrá el canal de conversación con Estados Unidos. Díaz-Canel recordó que la Revolución cubana “siempre ha defendido encontrar por la vía del diálogo la solución a las diferencias bilaterales”.
“Vamos a tener diferencias ideológicas, pero es posible descubrir áreas y espacios en los cuales podamos construir cooperación con beneficio para ambos pueblos”, declaró el mandatario cubano, quien añadió que “la confrontación no es lo que merecen dos naciones” y defendió una relación “civilizada entre vecinos”, basada en respeto, igualdad y “sin condicionamientos sobre la soberanía y la autodeterminación”. También denunció el “alto nivel de retórica amenazante” de Washington y sostuvo que las acusaciones sobre una supuesta plataforma de terrorismo político de izquierda son un nuevo pretexto.
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