El gobierno de Keiko Fujimori tendrá la oportunidad de irse tranquilo en julio de 2031 si, además de frenar la ola delictiva que golpea al país desde hace dos décadas, logra atraer inversión y generar crecimiento económico para cumplir un objetivo estratégico largamente postergado: garantizar que la salud y la educación que el Estado brinda a los más necesitados sean de calidad. No podemos perder otro quinquenio viendo cómo quienes acuden a una posta o un hospital público quedan abandonados por falta de personal, infraestructura, medicinas e instrumentos; en definitiva, de todo lo necesario para que los peruanos sin recursos para una clínica privada reciban una atención digna.

La misma urgencia se aplica a la educación pública. Basta de profesores ineptos o ideologizados, y de aulas que se caen a pedazos en colegios sin servicios básicos como agua, desagüe y electricidad. Es imperativo que los niños y jóvenes de escuelas estatales puedan competir en igualdad de condiciones con sus pares de planteles privados. Aunque el país tiene múltiples necesidades, atender salud y educación debe ser un objetivo de fondo para los próximos cinco años.

Si no se ataca la problemática de estos sectores, por más avances que se logren en otros, estaremos condenando a millones de peruanos a seguir en la pobreza por falta de buena educación y a ver su vida siempre en peligro con un sistema de salud que no sirve.

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