La Municipalidad Provincial de Islay volvió a presentar un recurso de revisión ante el Consejo de Minería, esta vez contra la resolución directoral 194-2026, que otorgó a Southern Perú Copper Corporation una nueva autorización para iniciar la explotación del proyecto Tía María. El municipio exige su nulidad.
El argumento central de la comuna es que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) detallado para Tía María, emitido en 2014, habría caducado en agosto del 2019. La normativa ambiental otorga una validez máxima de cinco años a estos instrumentos (tres años iniciales prorrogables por dos más), por lo que, según el municipio, el EIA ya no estaría vigente.
Cabe recordar que, a inicios de abril, el Consejo de Minería —ente autónomo del Ministerio de Energía y Minas (Minem)— ya había declarado la nulidad de una autorización previa concedida en 2025 a Southern. En esa ocasión, el consejo determinó que la Dirección General de Minería (DGM) del Minem no evaluó el levantamiento de observaciones sobre el diseño de los botaderos de la futura mina.
Tras esa primera nulidad, la empresa solicitó una nueva resolución de inicio de explotación. La DGM revisó el pedido y, a través de la resolución directoral 194-2026, le concedió nuevamente el permiso. Ahora, el municipio busca frenar el proyecto con un nuevo recurso contra esa decisión.
El municipio de Islay también cuestiona que la empresa no habría obtenido los permisos de uso del agua para la explotación del proyecto. En la audiencia pública del 7 de julio, realizada por el Consejo de Minería para absolver el recurso de revisión, Elena Vela Ramos, abogada de la comuna, sostuvo que “lo que correspondía era que la empresa presentara un nuevo estudio” debido a la supuesta pérdida de vigencia del EIA y la presunta obsolescencia de su línea de base. Además, observó que se encontró evidencia de actividades de desbroce y nivelación de terrenos en la zona del proyecto sin que se hubiera presentado el informe de evaluación complementario de flora y fauna, exigido en la resolución que aprobó el EIA. Para la comuna, el inicio de obras no cumpliría con las condiciones exigidas en la certificación ambiental. En la audiencia, las partes involucradas sustentaron sus respectivos argumentos.
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