Proyecto de ley para crear EPS exclusiva en Chancay avanza exprés en el Congreso, pero especialistas lo ven inviable

El proyecto de ley N° 09704, presentado por la congresista Rosselli Amuruz el pasado 5 de diciembre, tuvo un trámite relámpago en el Parlamento. Tan solo ocho días después, el 13 del mismo mes, la Junta de Portavoces lo exoneró del paso por comisiones, allanando el camino para que llegue al pleno del Congreso. Sin embargo, la iniciativa no alcanzó a ser votada antes del cierre de la legislatura.

La propuesta busca elevar a la categoría de Empresa Prestadora de Servicios (EPS) a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chancay (Emapa Chancay), que actualmente depende de la EPS Huaral, encargada del saneamiento en toda la provincia. Según la legisladora, la medida dotaría a Emapa Chancay de mayores facilidades burocráticas para impulsar proyectos de inversión pública en el distrito.

No obstante, especialistas consultados por Gestión consideran que el planteamiento carece de sustento técnico y financiero. Para Julián Li, socio de Recursos Hídricos en PPU, la justificación es débil: “El objetivo de crear una EPS es que todas las zonas poblacionales tengan cobertura. Si se crea una EPS de forma excepcional, bajo administración municipal, es porque no hay otra que cubra ese espacio. Aquí ese no es el argumento, sino que aparentemente Chancay será más atractivo que la provincia. Bajo esa premisa alguien podría decir creemos la EPS San Isidro o La Molina”.

Milton Von Hesse, extitular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), advierte que la propuesta de Amuruz representa una contrarreforma. Según explica, el ministerio ha impulsado este año cambios normativos para fortalecer las 50 EPS existentes —muchas con problemas financieros— e incluso analizar fusiones entre ellas. Crear una EPS atomizada para un solo distrito iría en dirección opuesta a esa política.

Von Hesse y Li coinciden en que no es viable fragmentar la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Huaral para crear una exclusiva para Chancay. “Todos los diagnósticos apuntan a consolidar las EPS existentes y no seguir separándolas. La viabilidad técnica y financiera de una EPS es no tener menos de 100,000 conexiones. Hoy, EPS Huaral tiene 19,000. Si la parten, la nueva EPS no tendrá un punto de equilibrio. No es viable”, estimó este último. La congresista Amuruz, autora del proyecto, solo indica que informes de Sunass del 2023 remarcaron que la Emapa Chancay era sostenible. Para ambos especialistas, resulta peligroso que el Congreso decida, por ley, la creación de más entidades públicas, como ya han hecho con las universidades recientemente, sin mayor análisis técnico. “Es una práctica que atenta contra la institucionalidad del país. Si siempre, de forma excepcional para las EPS, tratamos de cubrir cualquier aspecto que política o socialmente se busca, ¿cuándo consolidamos lo general, las EPS que ya existen?”, cuestionó Li.

Pese a ello, el problema que busca resolver el proyecto es real. Actualmente habitan el distrito unas 56,909 personas y se proyecta que, por la dinámica del puerto, al 2034 vivan allí más de 216,036 habitantes, según resalta Amuruz. La congresista, con datos del INEI y otras entidades públicas, advierte que el 30% de la población actual de Chancay no accede a un servicio eficiente de agua potable y el 40% tampoco accede al servicio de alcantarillado. Existe, pues, un riesgo potencial para la cobertura de servicios de agua y saneamiento en la zona. Para Von Hesse, la mejor salida no es crear una nueva EPS, sino seguir apostando por que el sector privado se involucre más en la gestión de las EPS ya existentes.

El abogado Li recordó que las municipalidades pueden celebrar contratos de explotación en áreas específicas de su jurisdicción para promover servicios de saneamiento. “El problema no se resuelve creando más EPS, sino desarrollando más infraestructura. La EPS Chancay tendría los mismos problemas que las ya existentes. En todo caso, podrían reforzar la EPS Huaral”, agregó. Como alternativas de largo plazo, mencionó las Asociaciones Público-Privadas (APP) en el sector saneamiento. Según contó Gestión, ProInversión tiene el ambicioso objetivo de promover 16 APP de este tipo por US$ 2,451 millones entre 2025 y 2026. Aunque en ese paquete no hay una obra en Huaral o el mismo Chancay, el MVCS firmó en abril dos convenios con la municipalidad del distrito para promover proyectos de agua potable y alcantarillado en la zona. Además, impulsarían una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). En julio, la cartera anunció que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) presentó una carta de intención de US$1.5 millones para financiar estudios de preinversión de este tipo. Li también destacó que el sistema normativo actual de las EPS y de las propias municipalidades permite otras opciones bajo ese mismo enfoque. “Las APP son una. Otra son las contribuciones reembolsables. En la propia ley existe ese mecanismo. Un privado, para hacer posible su conexión, financia parte de la red pública y luego recibe como devolución el monto que aportó, con una valorización”, explicó. “En 2013 se intentó una reforma que hoy no sigue: consolidar las EPS pequeñas, darles un tamaño adecuado y, a través de un régimen de administración temporal, hacer alianzas con el sector privado, dejando de ser empresas municipales, para mejorar su eficiencia”, indicó. Para Von Hesse, una alternativa más drástica sería que Sedapal —a la que califica como “la única EPS que funciona en el país”— absorba a las empresas de Huaral, Lima Norte, Cañete y Barranca. El especialista advierte que dividir la EPS Huaral en dos y entregarle una parte al alcalde distrital, sin la capacidad gerencial necesaria, sería “una locura”. “Así, el puerto de Chancay estaría más lejos de tener servicios de agua y saneamiento de calidad”, sostuvo en su análisis.

Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.

Leer artículo completo en gestion.pe →