A diez días de un cambio de gobierno, el reconocido economista peruano analiza lo que sostiene la estabilidad del país y lo que la amenaza desde adentro.
José Távara, quien en agosto dejará el directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tras cinco años sin ceder a presión alguna, se va con una advertencia que trasciende lo técnico y roza lo moral: el Perú sostiene una moneda fuerte sobre un Estado raquítico, y esa brecha, advierte, tarde o temprano pasará factura. “Estamos viviendo la prosperidad falaz de la que hablaba el gran maestro Basadre”, señala el economista.
Alejandro Céspedes García: José, ¿cuál es hoy la mayor fortaleza de la macroeconomía peruana?
José Távara: La principal fortaleza es que tenemos una inflación baja, pese a las dificultades del contexto internacional y a lo que se avecina con El Niño. Además, contamos con una deuda pública comparativamente reducida en relación con el valor total de los bienes y servicios que producimos. El Perú, por esa deuda baja, puede acceder a financiamiento externo en condiciones relativamente razonables, con tasas de interés reducidas frente a otros países de la región. El Tesoro peruano emite bonos para financiarse y reestructurar la deuda, y cuando sale a ofrecer, por decir, 100, la demanda llega a 400. Eso nos da posibilidades de financiarnos.
Sin embargo, hay que decirlo con claridad: esto se mantiene a pesar de una conducta irresponsable del Congreso saliente, que ha aprobado leyes que comprometen gastos futuros y generan riesgos advertidos oportunamente por el Consejo Fiscal. El Tribunal Constitucional, hace pocos días, cambió de criterio y ahora reconoce que es grave e irresponsable dar iniciativa de gasto a congresistas que responden a motivaciones políticas de corto plazo, según el ciclo electoral, y no a políticas de Estado con una mirada de largo plazo.
Alejandro Céspedes García: ¿Qué otros riesgos enfrenta la economía peruana?
José Távara: Un dato muy preocupante es la baja calidad de la inversión pública, que tiene impacto de largo plazo. Buena parte de los proyectos se inician y terminan paralizados, con obras abandonadas y los fierros de las estructuras oxidándose. Es una dilapidación de recursos inadmisible. Esto se vincula con la corrupción en gobiernos subnacionales, municipios y gobiernos regionales, y debe combatirse con la mayor energía. No podemos seguir con hospitales a medio construir y abandonados, carreteras o puentes que se caen poco después de construidos. Eso es inaceptable.
Hay que fortalecer la Contraloría General de la República, que a veces se queda en procedimientos formalistas sin llegar al fondo del asunto. Quienes son responsables de ese tipo de decisiones, o de actos de corrupción, deben asumir las consecuencias y ser sancionados. Los mecanismos de evaluación de la inversión pública deben ser mucho más robustos, y ahí la responsabilidad recae también en el Ministerio de Economía y Finanzas, como órgano central.
Alejandro Céspedes García: Se habla de buenas perspectivas de crecimiento. ¿Cuánto dejamos de crecer por la economía informal, la minería ilegal y el narcotráfico?
José Távara: Me gustaría afinar un poco la pregunta: más que cuánto más podríamos crecer, la pregunta relevante es cómo crecemos. Ese es un viejo debate que tengo con colegas: para algunos, salvo el crecimiento del PBI, todo es ilusión, y hay que crecer, crecer y crecer. Yo no comparto esa perspectiva. El tipo de crecimiento es muy importante. Nadie discute la importancia de crecer con mejores servicios públicos, mejor educación, mejores sistemas de salud. Eso debería reflejarse, por ejemplo, en mayor productividad de los trabajadores y las empresas, en desarrollo cultural, en un mayor consumo de bienes inmateriales y contenidos artísticos que integren al país y a nuestra diversidad.
Esto se relaciona con una distinción que enseñan las buenas escuelas de economía: la diferencia entre los flujos y los fondos, los stocks. Una cosa son los ingresos y otra el patrimonio, los ahorros, la casa: eso son los stocks. Si uno crece depredando sus recursos, ese crecimiento no es sostenible. Si crecemos con tala ilegal, con oro extraído ilegalmente que contamina los ríos, si permitimos que se siga destruyendo la Amazonía, en algún momento eso nos pasará factura.
La Amazonía peruana enfrenta una crisis que se agrava con cada ciclo climático. “Con El Niño vienen lluvias que expanden la vegetación; luego llega la sequía, se seca, y eso se convierte en pasto para las llamas”, explica el director del BCRP, José Távara. Cada año se pierden decenas de miles de hectáreas por incendios, mientras el país destruye uno de los pulmones más importantes del planeta. “El Perú no es responsable de las principales emisiones de gases de efecto invernadero. Somos un país pequeño, no industrializado, no intensivo en consumo de energía por habitante. Pero tenemos la responsabilidad de proteger uno de los pulmones más importantes del planeta, la cuenca amazónica, y la estamos destruyendo”, advierte.
A escala global, los fenómenos climáticos se intensifican. “Estamos batiendo récords de temperatura en el planeta y también en nuestro país. Estamos llegando a límites biofísicos planetarios. No es filosofía: hay estudios de los mejores científicos de la física, la geografía y la astronomía que muestran, con evidencia contundente, que el planeta tiene límites, y que una vez que se cruzan ciertos umbrales los resultados pueden ser irreversibles”, señala Távara. La minería ilegal agrava el daño: contamina los ríos con mercurio y hay niños que se bañan en aguas amarillentas. “Hay corrupción en algunos sectores de las fuerzas policiales que permite que las dragas circulen impunemente, y eso debe combatirse enérgicamente. El Estado debería estar presente en la Amazonía, especialmente en las reservas naturales que ya están legalmente protegidas pero cuya protección hoy es puramente nominal”, agrega.
Para Távara, la solución pasa por aprender de otras experiencias. “Sudáfrica, por ejemplo, tiene turismo hacia sus reservas naturales y cadenas de hoteles públicos presentes ahí. Otro ejemplo son los paradores españoles, una cadena de hoteles públicos. ¿Por qué no pensamos en un plan de inversiones así? Eso requeriría una ley expresa que autorice la presencia de inversión pública, por ejemplo en servicios de hostelería en estas áreas críticas, lo que además movilizaría inversión privada en otras áreas. Hay que proteger la Amazonía, y no se protege si se abandona: hay que estar presentes ahí, con infraestructura y servicios de calidad, todo regulado, para evitar la depredación de uno de los principales pulmones del planeta”, sostiene.
En otro tramo de la entrevista, Alejandro Céspedes García pregunta: “¿Cómo afecta la inseguridad y el crimen organizado a la economía y a la política monetaria del Banco Central?”. Távara responde que el objetivo central de la política monetaria es la estabilidad de precios y la fortaleza de la moneda, y que no deben desviarse de eso. “Pero para cumplir ese objetivo, con un horizonte más amplio, hay que tener en cuenta los impactos de la destrucción de nuestros ecosistemas provocada por la criminalidad: las drogas, la tala ilegal, la minería ilegal, que están destruyendo la Amazonía. Combatir la criminalidad es una tarea compleja que tiene que ver con los problemas macroeconómicos de más largo plazo”, afirma.
Consultado sobre si la fortaleza del Banco Central depende solo de que Julio Velarde continúe al mando, Távara aclara: “Entre las fortalezas que mencioné está tener una institución fuerte como el Banco Central, gracias al liderazgo de Julio Velarde, pero también, y sobre todo, al extraordinario nivel de desempeño de los equipos profesionales, del gerente general para abajo, algo que a veces no se reconoce. De hecho, es contradictorio decir que el presidente del Banco Central tiene que quedarse porque si no todo se viene abajo, y al mismo tiempo afirmar que es una institución fuerte: o es una cosa o la otra. Las instituciones no pueden depender exclusivamente de una sola persona. Julio tiene un liderazgo muy valioso y legítimamente reconocido, mas no hay que dejar de lado el reconocimiento a los equipos profesionales, hasta la última línea, hasta las áreas de servicio”.
Finalmente, ante la pregunta de por qué el Perú, con instituciones sólidas como el Banco Central, tiene resultados tan malos en salud o educación, Távara responde: “Hay un colega que investiga que en casi 200 años desde la independencia no hemos logrado establecer un pacto fiscal. El contraste entre el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica por el lado de la inflación, y el hecho de que el Perú encabezó el número de muertes por la pandemia en el mundo, o que estemos en los últimos lugares en las pruebas PISA, nos tiene que decir algo. No puede ser que tengamos instituciones fuertes y una macroeconomía estable por el lado de la inflación y, al mismo tiempo, un Estado fiscalmente raquítico. El tamaño fiscal del Estado es muy reducido comparado con otros países de la región, ni qué decir con los de la OCDE. No hemos logrado un acuerdo sobre la necesidad de una base tributaria más amplia, de mayor recaudación para sostener una provisión de bienes públicos esenciales con un mínimo de calidad para todos los ciudadanos. Se necesita una reforma tributaria que ensanche la base, y que la gente entienda que paga impuestos porque recibe servicios a cambio”.
José Távara advierte que el Perú atraviesa un “equilibrio de bajo nivel” que no puede continuar. “Con el cobre y el oro por las nubes, el pueblo recibe ingresos y estamos contentos: la gente no tributa, el Estado hace como que gobierna y la gente hace como que trabaja”, señala el director del BCRP, comparando esta situación con la “prosperidad falaz” que el historiador Basadre identificó en la era del guano. Para romper ese ciclo, propone un pacto fiscal que eleve la calidad de los servicios públicos.
El economista ilustra la precariedad con ejemplos concretos: madres de familia que llevan a sus hijos al hospital y les dicen que vuelvan en cuatro meses por falta de citas; escuelas rurales con un solo maestro e infraestructura en ruinas; universidades públicas como la UNI, con 13.000 o 14.000 alumnos, frente a privadas con fines de lucro que tienen 200.000. “¿Por qué la Universidad Agraria no ha crecido, por qué no tiene 100.000 alumnos como la Universidad de Buenos Aires o más?”, se pregunta. Esa falta de educación de calidad, dice, se refleja en los resultados de las pruebas PISA y se replica en la educación primaria y secundaria.
La seguridad es otro servicio deficiente. “Si tienes dinero, contratas seguridad privada, o el guachimán de la cuadra si el barrio es de clase media. Pero si es un barrio popular, te asaltan, o tienes que cerrar tu negocio”, describe Távara. Señala que se están cerrando cientos o miles de bodegas por extorsión, y que la gente paga el cupo al extorsionador en lugar de pagar impuestos que fortalecerían a la policía. Para combatir la corrupción, propone “barrer la escalera de arriba hacia abajo”: no solo sancionar al policía que recibe la coima, sino investigar a los generales que dirigen la institución y que “podrían estar comprometidos por complicidad u omisión”. “Ahí hace falta una reforma muy radical, pero como punto de partida hay que entender la necesidad de un pacto fiscal”, insiste.
Ante la pregunta de si los altos precios del cobre y el oro pueden repetir errores del pasado, Távara responde que el reto es garantizar que “el niño que nació en Huancavelica reciba un nivel de educación parecido al niño que nació frente al golf de San Isidro y accede a una escuela de calidad: ahí no pueden existir esas diferencias”. Menciona su experiencia en el extranjero, donde sus hijas fueron a la escuela pública y “esa escuela ofrecía un alto nivel de calidad”. “Eso lo vemos en Europa, incluso en Estados Unidos: los países capitalistas desarrollados tienen escuelas públicas de calidad. Eso no lo tenemos en el Perú, lamentablemente”, lamenta.
Alejandro Céspedes García plantea la duda recurrente: la gente aceptaría pagar más impuestos si antes hubiera una reforma del Estado para que esos recursos no se pierdan en corrupción, como obras sin sentido, la compra de aviones muy caros o el déficit de Petroperú. Távara coincide y se pregunta por qué en otros países las empresas públicas funcionan bien y aquí no. “No es que en el Perú seamos marcianos que no sabemos manejar empresas públicas”, aclara. Propone adoptar principios de buen gobierno corporativo del sector privado: “directorios con personas íntegras, nombradas por periodos definidos, que no puedan ser removidas sin expresión de causa”. Menciona como ejemplo los paradores en monasterios, castillos y palacios de España, y el potencial del patrimonio arqueológico peruano, como las huacas abandonadas en Lima, la Amazonía y las zonas de frontera. Esa propuesta, añade, está recogida en un documento elaborado por profesores de derecho constitucional de la Universidad Católica, que busca darle autonomía a instituciones como la Sunat.
Alejandro Céspedes García: ¿Y en el caso del Banco Central, cómo funciona esa protección frente a las presiones políticas?
José Távara: El Banco Central está protegido: a mí no me pueden remover salvo con dos tercios de los votos de los congresistas en el Congreso anterior; ahora, con el nuevo Senado, será con el 50% de los votos de los senadores. Eso da cierto nivel de protección: salvo falta grave, no te pueden sacar hasta que cumples tu periodo. Yo estoy a punto de cumplirlo, y me iré en los primeros días de agosto, cuando nombren a los nuevos directores. Cumplí mis cinco años sin que nadie me presionara; no acepto ningún tipo de presiones, y no me pudieron sacar durante ese periodo porque no cometí falta grave. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la Sunat? Hemos tenido tres superintendentes en los últimos 23 años. En el Indecopi, igual: a pesar de que la ley establece que el presidente y los miembros del consejo directivo deben ser nombrados por cinco años y no pueden ser removidos sino por falta grave, los sacan por presiones políticas y ponen como director al asesor del ministro de turno, para que responda a la lógica política del ministro en lugar de responder al bien común.
Necesitamos construir el Estado y separarlo del gobierno de turno. El Estado no puede ser el botín del gobierno de turno. Hay que fortalecer las decisiones sobre el Banco Central: es una lógica que los políticos y la ciudadanía deberían asimilar. Necesitamos instituciones del tipo del Banco Central, con autonomía. Eso podría pasar, por ejemplo, por reformar Servir y darle autonomía, para que ordene el ingreso a la carrera pública, las promociones y la formación de gerentes públicos. En España existen las oposiciones: uno entra al Estado por un concurso, compitiendo con otros aspirantes, con pruebas de conocimiento, no porque tiene un amigo que le da trabajo, como ocurre lamentablemente en nuestro país. Ese chip lo tenemos que cambiar. Tenemos que reconstruir el Estado, barrerlo primero de quienes han entrado sin mayores calificaciones y no quieren que nada cambie, y restablecer la carrera pública, entendiendo que quienes trabajan en el Estado son servidores públicos que pagamos con nuestros impuestos. Como muchas personas no pagan impuestos y tampoco reciben buenos servicios del Estado, estamos en este equilibrio de bajo nivel, en esta trampa.
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