Antropólogo
Pese a que la Ley 32667 otorga al Colegio de Antropólogos del Perú nuevas atribuciones sobre la “gestión sociocultural” y regula procesos que afectan las vidas y territorios de los pueblos indígenas, estos no fueron consultados durante su elaboración, advierte Pablo Sandoval, profesor de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La norma, recientemente promulgada, establece la colegiatura obligatoria para ejercer la antropología. En su columna, Sandoval analiza los riesgos de que esta ley tecnocratice la disciplina, limite la autonomía universitaria y cree un mercado laboral cautivo, dejando fuera a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes.
AUSENTES. Los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes no fueron consultados sobre una norma que decidirá sobre la gestión de sus vidas y territorios.
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