La administración de Donald Trump ejecutó un drástico endurecimiento de sus políticas migratorias que impactará a más de dos millones de extranjeros, al poner fin a una regulación que estuvo vigente por cinco décadas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eliminó oficialmente la laguna jurídica vinculada a la “duración del estatus”, un mecanismo que permitía a estudiantes extranjeros, visitantes de programas de intercambio y representantes de medios de comunicación permanecer en Estados Unidos de forma indefinida sin una supervisión gubernamental rutinaria. La nueva normativa, que regirá desde el próximo 15 de septiembre —60 días después de su publicación en el Registro Federal—, introduce plazos fijos severos que limitan las categorías F de estudiantes, J de programas de intercambio cultural e I de periodistas y medios de comunicación. Según el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el objetivo central es que este grupo complete sus actividades reglamentadas y luego regrese a su país de origen, evitando que se conviertan en “estudiantes de por vida” al matricularse continuamente en cursos para evadir su salida de la potencia del norte. Los universitarios y participantes de intercambio verán restringida su admisión a un máximo de cuatro años, vinculada estrictamente a la fecha indicada en sus Formularios I-20 o DS-2019. Esto obligará incluso a alumnos de doctorados de seis años o a aquellos que apliquen al programa de formación práctica opcional (OPT) a solicitar prórrogas bajo el Formulario I-539 ante el servicio de migración (USCIS). La medida, que afecta directamente a millones de personas, se suma a otras evaluaciones del gobierno estadounidense, como una posible fianza de 100.000 dólares para acceder a una Green Card, iniciativa que enfrenta oposición judicial tras la anulación de una cuota similar para visados de trabajo.

Un golpe al periodismo extranjero

El Comité para la Protección de los Periodistas calificó la medida como “el comportamiento de una democracia en retroceso, no la vanguardia internacional de la libertad de expresión”. La norma modifica drásticamente las estancias de los trabajadores de prensa con visado I, que solían otorgarse por periodos de tres o cinco años, y las recorta a un máximo de 240 días con opción a prórrogas. Para los periodistas con pasaporte de China —excluyendo Hong Kong y Macao—, el permiso de permanencia se reduce a un tope de 90 días. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, calificó la disposición de “discriminatoria” y advirtió que su país “se reserva el derecho a tomar contramedidas recíprocas” contra los medios norteamericanos.

La justificación oficial del DHS descansa sobre el incremento masivo de flujos registrados: solo en 2024 se concedieron 1,8 millones de visados a estudiantes —un 11% más que el año anterior—, 500.000 para intercambio y 37.300 para periodistas. Según la agencia, estos volúmenes “plantean un desafío” para supervisar adecuadamente a las personas dentro de sus fronteras. Tras la conclusión del programa, el margen de preparación para la salida se reduce de los 60 días actuales a tan solo 30 días, lo que ha encendido las alarmas en el sector de la educación superior.

No obstante, las principales organizaciones académicas del país manifestaron un enérgico rechazo. Zuzana Wootson, subdirectora de política federal de la Alianza de Rectores sobre Educación Superior e Inmigración, declaró a la agencia Associated Press que la medida es “innecesaria y redundante”, dado que los estudiantes internacionales son de las poblaciones de no inmigrantes más vigiladas.

Por su parte, Fanta Aw, directora ejecutiva de la Association of International Educators, señaló que la medida incrementará la incertidumbre y la burocracia. El American Council on Education advirtió que tendrá un “impacto devastador” en la economía nacional y en la capacidad de las universidades para atraer talento global. En paralelo, el diario ‘Wall Street Journal’ informó que el Gobierno federal evalúa exigir una fianza de 100.000 dólares en los consulados para acceder a la Green Card desde el extranjero. Ese monto solo se reembolsaría cuando los solicitantes obtengan la ciudadanía estadounidense, un proceso que suele demorar años. Sin embargo, estas determinaciones financieras ya enfrentan una fuerte oposición judicial. El juez federal Leo Sorokin, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston, aceptó una demanda de 20 estados y anuló una cuota idéntica de 100.000 dólares que se había fijado para los visados de trabajo calificado H-1B. El magistrado argumentó que la Administración se extralimitó en sus facultades y violó la Ley de Procedimiento Administrativo.

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