El próximo gobierno recibirá un país que necesita recuperar confianza, garantizar servicios esenciales y reactivar la inversión. En esa agenda, la seguridad energética debe ocupar un lugar prioritario, pues no basta con tener recursos enterrados bajo la tierra: se requiere explorar para encontrarlos, contar con una infraestructura sólida, reglas claras y capacidad efectiva para responder ante contingencias.

El gas natural es hoy una pieza central del sistema energético peruano. Abastece cerca del 40% de la generación eléctrica nacional y evita importaciones de combustibles por aproximadamente US$2,000 millones al año. Su aporte no solo se refleja en la continuidad del servicio eléctrico, sino también en la competitividad de la industria, el transporte y el bienestar de los hogares. Fortalecerlo es fortalecer la competitividad del Perú: significa reducir riesgos de abastecimiento, sostener una generación eléctrica confiable, disminuir la dependencia de combustibles importados y llevar bienestar a más regiones.

Sin embargo, esa fortaleza convive con una brecha que el país no puede seguir postergando. Entre el 80% y el 90% de los usuarios residenciales de gas natural se concentran en Lima Metropolitana, mientras 14 regiones todavía no acceden a este recurso. Por ello, la seguridad energética seguirá siendo incompleta mientras millones de peruanos permanezcan al margen de una energía más limpia, segura y económica. Cerrar esta brecha exige ampliar la infraestructura de gas natural: extender y reforzar los ductos existentes, impulsar activamente nuevas conexiones y conversiones vehiculares, además de destrabar los proyectos de masificación pendientes. También requiere previsibilidad regulatoria para inversiones de largo plazo, porque ninguna infraestructura estratégica puede construirse bajo reglas inciertas o decisiones que cambian constantemente.

Esa tarea demanda una visión nacional que articule al Estado, las empresas y las regiones alrededor de objetivos compartidos y plazos verificables. El próximo gobierno tiene la oportunidad de convertir la seguridad energética en una verdadera política de Estado. Para lograrlo, deberá pasar del diagnóstico a las decisiones: asegurar reglas estables, promover inversión y construir la infraestructura que el país necesita para ampliar la cobertura de los servicios públicos, responder a emergencias, crecer con confianza y cerrar brechas que siguen esperando solución.

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