La región Piura enfrenta la peor crisis hídrica de su historia, con la represa Poechos en alerta roja. La empresa prestadora EPS Grau advirtió que el agua almacenada en ese reservorio solo alcanzaría para abastecer a la población durante un mes, lo que ya obligó a restringir el suministro al sector agrícola. Pero no es la única zona afectada: el panorama se repite en Lambayeque.
Según el último reporte del Senamhi, al 25 de octubre del 2024 el reservorio de Tinajones, en Lambayeque, almacenaba apenas 88.4 millones de metros cúbicos (MMC), una cifra que representa una caída del 96% respecto al mismo mes del año anterior. Su capacidad máxima teórica es de 293.8 MMC. En Poechos (Piura), la reducción fue del 67% en el mismo período de comparación.
Nadie atendió la alerta
La capacidad de almacenamiento de agua superficial en Perú es una de las más bajas del mundo. Incluso frente al promedio de América Latina, la situación es crítica: 184 m³ por persona frente a los 2.500 m³ por persona de la región, según un informe del Banco Mundial de 2023. Esto ubica al país por debajo de Chile y Ecuador. Sin este recurso, dos quintas partes del PBI peruano —minería, vivienda, agricultura y electricidad— no podrían desarrollarse plenamente.
El estado de la infraestructura hídrica nacional agrava el problema. La represa Poechos, la más grande del Perú, fue diseñada para almacenar 1.000 millones de m³ y atender la demanda de la parte baja de Chira-Piura. Sin embargo, para el 2018 ya solo retenía el 30% de su capacidad debido a la gran sedimentación (volumen muerto del 70%), generada por la erosión del suelo, las lluvias y eventos climáticos extraordinarios como el Fenómeno de El Niño.
“No hay un estudio sobre el caudal medio, líquido y sólido, pero en eventos extraordinarios, como un Niño Global, hablamos de un incremento de 10 a 15 veces más de lo normal. Esa es la cantidad de sedimentación adicional que podría quedar en los reservorios”, estima Sebastián Santayana, docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Unalm).
De las cerca de 200 presas que existen en el Perú, más de la mitad —entre pequeñas y medianas— se ubican en la sierra o ceja de selva, mientras que el resto se distribuye a lo largo de la costa, según explicó Máximo Hata, exfuncionario de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y consultor en gestión de Recursos Hídricos. El especialista señaló que las presas ubicadas desde la zona norte hasta la zona centro fueron las más afectadas por el Niño Global, que se extendió hasta el verano de 2024. “Estoy considerando a la presa San Lorenzo, Poechos, Gallito Ciego, Tambo Ccaraacocha, Majes y presa Limón, por indicar algunas”, anotó.
El Banco Mundial reportó que la represa Gallito Ciego, ubicada en Cajamarca y considerada de gran importancia por su abastecimiento al agro y a una hidroeléctrica, ha perdido más del 50 % de su capacidad total en menos de 34 años de operaciones. Solo en Piura hay tres presas (San Lorenzo, Poechos y Macacará); en Cajamarca, más de 20, entre las que se cuentan Gallito Ciego, La Compuerta, Quengococha y Alto Perú; en Lambayeque, ocho (Tinajones, Palo Verde, La Viña, entre otras); y en La Libertad, también más de 20 (Palo Redondo, San Lorenzo). Lima y Áncash son las regiones con la mayor cantidad de presas en el país, de acuerdo con el inventario nacional de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que solo monitorea 273 de las más de 700 que existen en el territorio nacional.
Los embalses se construyen para almacenar agua durante la época de lluvia y utilizarla en el estiaje. La capacidad de almacenamiento se calcula en función de la variabilidad estacional de las precipitaciones, pero los expertos advierten que este indicador ha cambiado “significativamente” en los últimos años en el país. En ese contexto, la presa Tinajones podría tener un impacto “más moderado” ante el próximo evento climático, según Santayana, debido a que es una presa lateral: no se encuentra en el lecho del río, sino que recibe el agua de un canal de liberación y la deposita, lo que reduce el peligro de sedimentación y desembalse.
El Banco Mundial también documenta esta situación: “Perú tiene una variabilidad estacional de 2.9 y una variabilidad interanual de 4.20, lo que equivale a un 20 % y un 115% más que los promedios de América Latina y el Caribe, respectivamente. Los datos históricos indican que la precipitación anual puede variar significativamente en cuencas productivas clave, con una disminución del 40 % a un aumento del 50 % entre años”. Si se produjera una caída del 40 % en las lluvias en un año a nivel nacional, solo 60 de las 231 cuencas del país conservarían un excedente de agua.
Actualmente, la capacidad total de almacenamiento en las represas peruanas asciende a aproximadamente 5,77 MMMC/año, mientras que los sistemas de transferencia entre cuencas desvían 950 millones de metros cúbicos por año (MCM/año) desde regiones con abundancia hídrica hacia aquellas con escasez.
El organismo multilateral advierte que el crecimiento del Perú depende del agua, pero el país enfrenta la mayor variabilidad climática de América Latina y el Caribe, sumada a una marcada distribución espacial de las precipitaciones. “La falta de una respuesta integral y local aumenta la vulnerabilidad de los sistemas de almacenamiento del agua del Perú ante estos eventos climáticos cada vez más frecuentes”, señala.
En el plano económico, el Banco estima que un manejo hídrico limitado, que provoca inundaciones y sequías, le cuesta al país hasta US$ 13.400 millones al año. Además, se podrían perder el 4.1 % de los puestos de trabajo debido a pérdidas relacionadas con el agua en sectores como agricultura, minería, manufactura, salud e ingresos de los hogares.
Una interrogante clave que persiste en Perú y refleja la realidad de la gestión hídrica es: ¿Quién resuelve el problema? Actualmente, la administración del agua no recae únicamente en la Autoridad Nacional del Agua (ANA), sino también en el Ministerio de Vivienda y Construcción (agua potable) y las autoridades locales. Aunque en 2009 se aprobó la Ley de Recursos Hídricos, que establecía que la ANA debía adscribirse al Ministerio del Ambiente (Minam) por su enfoque transversal, esto nunca se concretó y el organismo permanece bajo el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
En el corto plazo, la solución más viable para frenar la mayor sedimentación es la forestación y reforestación en las cuencas y cerca a los ríos, concluyeron ambos especialistas. El docente de la UNALM, Sebastían Santayana, señaló a Gestión que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) debería estar adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para fortalecer su autonomía. “Necesitaríamos 11 presas nuevas para almacenar 1,500 MM/m3 más, casi un Poechos, porque ya no hay lugar para reservorios más grandes”, indicó. Además, consideró que la ANA requiere ese respaldo directo para poder dirigir las negociaciones binacionales, por ejemplo, con Ecuador, y destrabar proyectos de almacenamiento como Puyango-Tumbes.
Por su parte, Hata también sostuvo que lo “ideal sería que la ANA pase a la PCM”. “Hasta ahora se mantiene en el Midagri como herencia de la reforma Agraria de Velasco, porque el agua estaba orientado a la actividad agrícola, pero ahora se trata de una gestión multisectorial”, finalizó.
Según un informe del Banco Mundial publicado el 6 de julio de 2023, la ANA cuenta con un inventario nacional de 730 presas, pero a la fecha solo se dispone de información completa de 273 de ellas. El inventario reveló que solo 39 represas tenían instrumentación de monitoreo adecuada, y había planes en marcha para modernizar la instrumentación de ocho represas adicionales.
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