La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) enfrenta una creciente presión legal. Según su vocero, Mario Ríos, la entidad ya ha recibido más de 50 demandas formales de contratistas, las cuales podrían derivar en arbitrajes si no se resuelven a la brevedad. “Las paralizaciones podría generar un costo significativo para el Estado, no solo por el sobrecosto que trae reactivarla. Ya tenemos una avalancha de demandas de los contratistas, por falta de financiamiento y demora. Son más de 50 solicitudes formales”, aseguró Ríos a Gestión.

El conflicto se originó a finales del 2025, cuando la ANIN congeló el avance de obras de defensas ribereñas. Como contó Gestión, a mitad de ese año la entidad tuvo que paralizar alrededor de 20 obras en ejecución, todas heredadas de la extinta ARCC, por falta de recursos. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se mostró reacio a otorgar presupuesto extra, acusando escasez fiscal. Si bien el ministerio realizó un par de desembolsos al cierre del año pasado, esto no solucionó totalmente el problema. Hoy, la situación se ha agravado ante la impaciencia de los contratistas comprometidos.

A esto se suma otro riesgo: aunque se prevé un fenómeno de El Niño leve en los próximos meses para Perú, los estragos que genere podrían ser mayores si no se realizan ajustes a las obras ya avanzadas, lo que podría elevar su costo futuro una vez se reactiven.

Las exigencias de los contratistas se manejan, por ahora, a nivel de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD), instancia prevista en los contratos G2G para resolver diferencias antes de llegar a arbitrajes. No obstante, el potencial riesgo de arbitrajes es alto, según advierte la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Todas las controversias corresponden a los acuerdos firmados con Reino Unido para obras de reconstrucción con cambios.

La ANIN aún debe S/ 800 millones a sus contratistas, de acuerdo con el asesor de la jefatura, Mario Ríos. Y ya se observa que los privados desconfían de la entidad. “Esos S/ 800 millones serían un respiro. Hoy estamos perdiendo seriedad en términos de darles respuesta. Los contratistas, por ejemplo, ya tienen sobrecostos por volver a mover la maquinaría necesaria. Se oponen porque no hay seguridad de que se les pagará”, lamentó Ríos. Para hacer frente a esta presión, la ANIN ha reforzado su equipo legal.

Con los recursos asignados en el 2026, la entidad viene realizando una “cirugía especial” para pagar deudas y tratar de mitigar las demandas de los privados, con el objetivo de evitar una escalada de las controversias. En paralelo, la llegada de Denisse Miralles al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trajo consigo la intención de renegociar los acuerdos G2G firmados por el Estado peruano en los últimos años para evitar mayores contingencias fiscales, como ella misma dejó en claro.

En noviembre, la ministra Miralles ya había advertido directamente a la ANIN: “Le dijimos al jefe de la ANIN que no podía seguir impulsando proyectos sin tener recursos. Se lo dijimos no solo por la ANIN, sino para no dejar proyectos truncos y romper la cadena de pagos”, señaló a Gestión. Aunque en las últimas semanas sus declaraciones se centraron en proyectos del MTC —como la nueva Carretera Central y Vía Expresa Santa Rosa—, la advertencia fue clara desde el inicio de su gestión. Ahora, el vocero de la ANIN, Ríos, respondió al ministerio y negó que no existiera presupuesto para las obras heredadas de la ex ARCC. Según explicó, los recursos sí estuvieron disponibles, pero hoy ya no lo están. “Cuando se firmaron los contratos, se generó un fondo estimado en S/ 25 mil millones para asegurar su financiamiento. Es como pasa hoy en día: el Estado anuncia la compra de aviones militares, pero eso no se hace sin asegurar que existan reservas”, recalcó. De esta forma, la ANIN cuestiona la versión oficial y pone en alerta sobre posibles arbitrajes si no se restablecen los fondos comprometidos.

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