La limitada presencia de universidades privadas en ocho regiones del país responde menos a una falta de interés empresarial y más a factores estructurales vinculados con la demanda, el nivel educativo y la dinámica económica de esos territorios, según explicó Carlos Córdova, director de Proyectos de Sostenibilidad y Políticas Públicas de APOYO. Las zonas sin cobertura privada son Pasco, Tumbes, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Loreto y Moquegua.
“En estos territorios hay una menor masa crítica de alumnos que concluyen la secundaria, lo que limita el desarrollo de una oferta privada de educación superior”, señaló Córdova. A nivel nacional, el porcentaje de jóvenes matriculados en educación superior universitaria privada creció al 23.4%, pero Lima concentra la mayor parte de instituciones y estudiantes: 105 sedes y más de 700,000 matriculados.
El especialista recalcó que la falta de universidades privadas no implica una carencia total de oferta educativa, debido a la presencia de universidades públicas y al fortalecimiento progresivo de institutos técnicos, sobre todo en regiones cuya actividad económica está ligada a rubros como la agricultura. En Cajamarca y Loreto, por ejemplo, los indicadores de pobreza monetaria superan el 40% —los más elevados del país, según el INEI—, mientras que en Puno y Pasco la ratio se asoma a ese umbral de vulnerabilidad.
En líneas generales, Fernando Barrios, presidente de FIPES, advirtió que en el Perú solo el 20% de las personas mayores de 25 años tiene educación superior, lo cual es crítico y merma los indicadores de competitividad. “El capital humano tiene que formarse más y mejor” para estar a la par de otros países, agregó.
“¿Qué refleja ello? Que no hubo oferta pertinente, adecuada a los tiempos, necesidades e intereses de las personas (...) Hay una alta preferencia por gasto de bolsillo: las familias peruanas entienden que (estudiar en universidad) es el mejor vehículo de ascenso social”, reflexionó. En ese contexto, los programas semipresenciales y a distancia de las privadas han sido clave, algo que “la universidad pública no ha cubierto”. Por ejemplo, la USIL tiene 27 programas semipresenciales y 24 a distancia; la UPC, 66 semipresenciales y 54 a distancia; y la UPN, 46 semipresenciales y 21 a distancia.
El estudio de FIPES revela que 1 de cada 5 postulantes (19.5%) migra a otra región para estudiar. Los departamentos con mayor flujo de migrantes son Moquegua (77.5%), Pasco (63.3%), Huancavelica (53.9%) y Amazonas (53.3%), mientras que los destinos predilectos son Lima, Arequipa y Junín. “Se migra más donde la oferta es mayoritariamente pública o sin competencia privada”, añaden.
Andrés Oblitas, gerente general de la Asociación de Institutos y Escuelas de Educación Superior (Asiees), precisa que la ausencia de universidades privadas no implica una carencia total de oferta educativa. Su agrupación tiene institutos presentes en 12 regiones donde actividades económicas como el agro están ligadas a la demanda profesional, por ejemplo, Loreto y Ayacucho. No obstante, lamenta que, a diferencia del proceso de licenciamiento universitario, en los institutos el avance ha sido más lento, al punto que en 9 regiones aún no hay centros licenciados.
Para el gobierno entrante de Keiko Fujimori, Oblitas recomienda implementar el Viceministerio de Educación Superior, una entidad ya contemplada legalmente pero que aún no ha sido puesta en funcionamiento. Su objetivo sería atender de manera integral la educación universitaria, tecnológica, pedagógica y artística. El especialista señala que “en educación técnica nunca hemos estado en la agenda nacional. El Ministerio de Educación tiene una dirección general, pero necesitamos una institucionalidad más sólida que impulse este sector”.
Desde FIPES advierten que el limitado crédito educativo es una barrera para el acceso a la educación superior. Mientras que en Chile y Colombia el 17.3% y 11.6% de los alumnos, respectivamente, cuenta con un crédito para este servicio, en Perú la cifra es del 0%. Aunque programas como Beca 18 han ampliado oportunidades para miles de jóvenes, su cobertura sigue siendo insuficiente “y de baja escala”.
Para superar esta situación, Oblitas propone un nuevo esquema de crédito educativo con participación del sector privado, inspirado en el modelo de Obras por Impuestos. Este mecanismo permitiría ampliar el acceso sin comprometer la sostenibilidad fiscal, financiando a los estudiantes con recursos que luego puedan compensarse tributariamente. Los beneficiarios retribuirían esa inversión incorporándose al mercado laboral y contribuyendo con impuestos.
El panorama en los institutos públicos es aún más complejo. Problemas de infraestructura, equipamiento y presupuesto dificultan el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad exigidas para obtener el licenciamiento, lo que genera una oferta técnica desigual entre regiones.
La creación de universidades desde el Congreso y su aporte
En el Congreso han argumentado que la creación de universidades en regiones como Puno, Cusco, Junín, Áncash, Ica, Amazonas y Apurímac busca maximizar el alcance de la educación superior en localidades remotas. Sin embargo, en el último quinquenio, esta ola masiva de universidades públicas ha levantado observaciones de expertos debido a sus elevados costos: aproximadamente S/ 2.5 millones por cada una al año, según informó Gestión.
Córdova sostuvo que “no es crear universidades por crear. Debe existir una justificación basada en la demanda de estudiantes y, sobre todo, en la pertinencia respecto al mercado laboral”. Añadió que, si los estudios muestran que determinada región requiere principalmente técnicos y no profesionales universitarios, la prioridad debería ser fortalecer institutos antes que abrir nuevas universidades.
De lo contrario, precisó que se corre el riesgo de construir instituciones que ofrezcan carreras desconectadas de la realidad económica local. “La universidad termina convirtiéndose en un elefante blanco porque forma profesionales que luego no encuentran oportunidades acordes con las necesidades del territorio”, comentó.
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