Fiscal que archivó el caso Keiko Fujimori ahora imputa a Gustavo Gorriti por cohecho

El fiscal adjunto supremo Edward Casaverde imputó al director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, por el presunto delito de cohecho activo específico, un crimen que contempla penas de cárcel de cinco a ocho años. Según la ley, este delito consiste en ofrecer o entregar algo de valor a un magistrado o fiscal para influir en sus decisiones. La acusación fue elevada por Casaverde al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. La imputación ocurre meses después de que el propio fiscal Casaverde decidiera archivar el Caso Cocteles, la investigación que tuvo como principal imputada a la presidenta electa Keiko Fujimori. En su informe, Casaverde sostiene que Gorriti habría usado su vínculo con los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez para dirigir esa investigación. La fiscalía afirma que Vela y Pérez se beneficiaron con la cobertura de IDL Reporteros y que, a cambio, el medio habría recibido información reservada de investigaciones en curso. La acusación contra el periodista llega pese a que en diciembre de 2025 el mismo fiscal cerró la investigación por falta de mérito. Ahora, Casaverde imputa a Gorriti por sobornar a magistrados del Caso Cocteles, reviviendo un caso que él mismo había archivado.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) advirtió que la imputación contra Gustavo Gorriti pone en riesgo un principio básico del periodismo: la relación entre un reportero y sus fuentes. Para la organización, la línea editorial de un medio y el vínculo profesional entre periodistas y magistrados no pueden convertirse en delito solo por existir. Tratar como cohecho un intercambio de opiniones o de información, dice el IPYS, abre una puerta peligrosa para cualquier redacción que cubra temas judiciales.

La base de la imputación son las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. El Ministerio Público ya había rechazado antes la colaboración eficaz que Villanueva pedía para otros hechos, porque sus versiones no pudieron ser corroboradas. En el caso de Gorriti tampoco existe, hasta ahora, evidencia que respalde la entrega de dádivas o favores.

El fiscal Henry Casaverde había archivado esta misma investigación en diciembre de 2025. En ese momento concluyó que los hechos atribuidos a Gorriti no tenían relevancia penal. Una instancia superior, tras un pedido de la Procuraduría y de un denunciante particular, le ordenó pronunciarse otra vez. En su nuevo informe, el fiscal no explica qué hecho nuevo cambió su posición.

El IPYS sostiene que, de haber existido filtración de información reservada, la investigación debió centrarse en quienes filtraron los datos, no en los periodistas que los recibieron y publicaron. Por ello, la organización pidió al fiscal de la Nación que descarte las conclusiones del informe de Casaverde en la parte que involucra a Gustavo Gorriti. En ese mismo informe, el propio Casaverde reconoce que hubo presión mediática contra él antes de emitir su nueva posición, aunque asegura que esa presión no influyó en su criterio. La contradicción resulta llamativa porque el caso pasó, en pocos meses, de archivado por falta de mérito a imputado, sin que aparezcan hechos adicionales que sustenten el giro. Además, Vela y Pérez, los otros dos fiscales señalados en el informe, también fueron imputados por Casaverde.

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