Abogado de caso Jackson Mora: "Si son condenados, pagarían más de S/10 millones de reparación civil

El abogado José Matos, defensor de Roy Chauca Tantaleán —uno de los 12 implicados en la presunta organización criminal—, explicó en diálogo con La República el panorama legal que enfrentarían el empresario Jackson Mora y los otros once investigados. Todos los acusados, precisó, afrontan la misma situación procesal y los mismos cargos: estafa, organización criminal y fraude informático. Actualmente, Jackson Mora cumple una orden de 15 meses de prisión preventiva en el penal de Ancón I, tras ser señalado por esos presuntos delitos. Según la hipótesis fiscal, la empresa FFC MMA, vinculada al exesposo de Tilsa Lozano, habría recibido más de S/9 millones que estaban destinados a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha. Matos reveló que, si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar una reparación civil superior a los S/10 millones. En contraste, si son absueltos, quedarían libres de toda responsabilidad económica.

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¿Qué es lo peor que podría pasarle a Jackson Mora por la investigación por fraude informático?

Abogado José Alberto Matos habla del caso Jackson Mora. Foto: Facebook.

Actualmente, Jackson Mora enfrenta el mismo panorama legal que el resto de investigados: todos cumplen 15 meses de prisión preventiva mientras la Fiscalía avanza con las diligencias. Su empresa está directamente vinculada al presunto desvío de fondos de la Municipalidad de San Pablo de Chincha, pues recibió aproximadamente 9 millones de soles y mantuvo negociaciones con César Nepo, señalado como el cabecilla de la organización.

En el corto plazo, el peor desenlace sería que la Sala confirme la prisión preventiva al resolver la apelación de la defensa, lo que obligaría a Mora a cumplir los 15 meses en la cárcel. Si el recurso prospera, en cambio, podría seguir el proceso en libertad, sujeto a reglas de conducta. A largo plazo, el escenario más adverso implica una condena por estafa, organización criminal y fraude informático. La Fiscalía solicita una pena cercana a los ocho años de prisión, aunque esta podría modificarse según el desarrollo del caso y las circunstancias evaluadas.

Por el lado favorable, si no se determina responsabilidad penal, Mora quedaría fuera del proceso. No obstante, la Fiscalía asegura contar con elementos suficientes para sostener la acusación. La defensa advierte que, de ser condenados, la reparación civil podría superar los S/10 millones.

¿Podrían embargar los bienes de Jackson Mora si no tuviera el dinero para pagar la reparación civil?

En caso de una eventual condena, la Fiscalía podría buscar el cobro de la reparación civil a través de la empresa que posee Jackson Mora o de las cuentas bancarias que tenga, siempre que esas medidas no afecten su subsistencia. Así lo señaló el abogado del caso, quien además detalló que, si Jackson Mora y los demás investigados —considerados coautores por la Fiscalía— son declarados culpables, "yo calculo que podría ser más de diez millones de soles tranquilamente que deberían pagar en conjunto todos los involucrados".

Sin embargo, para que eso ocurra primero deberá concluir todo el proceso judicial, que aún se encuentra en etapa de investigación. Mientras tanto, la Fiscalía puede adoptar medidas para garantizar una futura reparación civil y evitar que los investigados evadan el pago. Por ejemplo, podría solicitar el embargo o la incautación de bienes, así como la administración anticipada de empresas, con el fin de asegurar una eventual indemnización.

Hay varios elementos que tratan de vincular a Jackson Mora con el delito. "Que obviamente, como te repito, todo está en etapa de investigación y seguramente mientras más actos de investigación se hagan se van a poder esclarecer mejor los hechos", agregó el letrado.

Los 15 meses de prisión preventiva dictados contra Jackson Mora no implican una condena, sino una medida cautelar para evitar que se fugue o entorpezca la investigación. El caso recién está en etapa de investigación y deberá pasar por las siguientes fases del proceso hasta llegar al juicio oral, donde se emitirá una sentencia condenatoria o absolutoria que determinará su culpabilidad o inocencia. En teoría, ese proceso debería desarrollarse durante los 15 meses de prisión preventiva, pero en la práctica esos plazos suelen extenderse, por lo que es probable que el caso demore más tiempo en resolverse. Que no haya condena aún no significa que el investigado vaya a quedarse sin nada o que lo dejen en la calle. Lo que se busca es identificar bienes o patrimonio que puedan ser embargados o incautados para garantizar el cumplimiento de una eventual reparación civil, siempre en el supuesto de que sea condenado.

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