La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Sexto Despacho), a cargo del fiscal provincial Pablo Espinoza Vásquez, confirmó esta tarde la condena a prisión efectiva de cuatro integrantes de una red criminal. Los sentenciados son María Ruiz, Luis Pijo, William Dioses y Wilber Cornetero, quienes fueron hallados culpables del delito de lavado de activos.
Según la investigación, la banda se dedicaba al acopio de armamento y municiones sustraídas de instalaciones del Ejército Peruano para su comercialización hacia Ecuador. Desde allí, el armamento era destinado a abastecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a otras estructuras criminales. Las autoridades señalaron que el objetivo era proveer armas, municiones y explosivos a grupos como Los Lobos en Ecuador y a disidencias de las FARC en Colombia.
La red habría operado a través de corredores clandestinos que conectaban Perú, Ecuador y la frontera norte con Colombia. El Poder Judicial emitió la sentencia tras determinar que los cuatro sujetos integraban una banda dedicada al acopio de armamento y municiones para su tráfico ilegal.
Fuentes oficiales del Ministerio Público señalaron que los ahora sentenciados integraron una red clandestina que se dedicaba al acopio de armamento y municiones sustraídas de instalaciones del Ejército Peruano para su comercialización hacia Ecuador y, desde allí, abastecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Todos participaron en el acopio de material bélico peruano con ese destino. La acusación fiscal sostuvo que los activos ilícitos provenían del tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos, así como de la asociación para delinquir.
La medida recae sobre María Ruiz, quien recibió nueve años de pena privativa de libertad efectiva, mientras que Luis Pijo, William Dioses y Wilber Cornetero fueron condenados a seis años, 10 meses y nueve días de prisión cada uno. Las autoridades agregaron que este resultado refleja la labor sostenida del subsistema especializado en Delitos de Lavado de Activos, cuya Coordinación Nacional promueve una política de persecución penal estratégica orientada al esclarecimiento de operaciones de lavado, la afectación de economías ilícitas y la obtención de condenas efectivas contra quienes incorporan al sistema financiero activos provenientes de actividades criminales.
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