La inseguridad ciudadana se ha consolidado como la principal demanda de los peruanos de cara al inicio del nuevo gobierno. Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 59% de los consultados a nivel nacional considera que este debe ser el tema que priorice la gestión de Keiko Fujimori, quien asumirá el poder el 28 de julio. La cifra no es un dato aislado: llega después de un primer semestre marcado por más de 950 homicidios a nivel nacional y por un fuerte cuestionamiento a las estadísticas oficiales de reducción del delito.
El estudio, con un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza del 95%, le preguntó a los entrevistados cuáles son los principales temas que debe atender el próximo Ejecutivo, en una pregunta de respuesta múltiple. La inseguridad se impuso con amplia ventaja sobre el resto de problemas. En segundo lugar quedó la educación, con 30%. Le siguieron la salud (28%), la corrupción (27%), la economía (27%) y el empleo (18%). Solo un 4% mencionó otros temas y apenas 1% no supo qué responder.
El malestar ciudadano tiene respaldo estadístico. Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) citadas por La República, el Perú registró 959 homicidios hasta el 15 de junio de este año, y el 9 de junio fue el segundo día más violento del 2026, con 12 asesinatos en 24 horas. Ese es el telón de fondo sobre el que se sostiene el reclamo del 59% que exige priorizar la seguridad desde el primer día de gestión.
El respaldo a esta demanda tiene un origen geográfico claro. En Lima Metropolitana, el 71% de los consultados coloca a la inseguridad como prioridad, el porcentaje más alto de todas las macrozonas del país. La cifra también es mayor entre personas de 30 a 49 años, en los niveles socioeconómicos A/B y C, y entre quienes se identifican con la derecha. En el norte, centro, sur y oriente del país, la preocupación baja a un rango de entre 47% y 55%, aunque se mantiene como el problema más mencionado en todas las regiones.
La encuesta del IEP coloca a la inseguridad muy por encima de la educación y la salud como el tema urgente para el gobierno de Keiko Fujimori. El país cerró el primer semestre con más de 950 homicidios reportados y cifras oficiales de reducción que un analista de datos ya cuestiona.
La demanda ciudadana no es nueva, pero se agudiza
El 59% de peruanos que exige que el próximo gobierno priorice la inseguridad no es un fenómeno reciente, sino la intensificación de una demanda que ya se manifestaba con fuerza meses atrás. Un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), elaborado entre febrero y marzo de este año para el Instituto Bartolomé de las Casas, reveló que el 41% de la población consideraba a la inseguridad como el principal problema que le afecta directamente y que esperaba ver resuelto por las autoridades. En ese entonces, esa cifra duplicaba a la economía (20%) y triplicaba a la corrupción (11%) y la política (9%).
La comparación entre ambos estudios revela un patrón clave: cuando se consulta por el problema que "afecta" al ciudadano, la inseguridad se mantiene en torno al 40%; cuando se pregunta qué debe "priorizar" el gobierno entrante, el porcentaje salta al 59%. Esa brecha de casi 20 puntos sugiere que una parte importante de la población no solo se siente insegura, sino que exige que el nuevo gabinete actúe con urgencia desde el primer día de gestión.
El IEP realizó la encuesta mediante llamadas telefónicas a celulares, con una muestra distribuida en 24 departamentos, 149 provincias y 417 distritos. Este estudio forma parte de una serie de mediciones mensuales que el instituto aplica desde 2018, lo que permite comparar la evolución de la percepción ciudadana mes a mes durante los últimos años.
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Extorsión y homicidios: la brecha entre lo denunciado y lo real
Las cifras de criminalidad esconden un desfase que va más allá de un error estadístico. Según un reporte de La República basado en datos del analista Juan Carbajal, entre enero y abril de este año la Policía Nacional registró 5.781 denuncias por extorsión, mientras que el Ministerio Público reportó 8.105 en el mismo periodo. La diferencia equivale a 2.324 denuncias no registradas por la PNP, un desfase del 40% entre ambas entidades. Carbajal advirtió que esta brecha afecta directamente la capacidad del Estado para medir el avance real de la lucha contra la extorsión. La Policía, por su parte, sostiene que este año hay una reducción del 44,88% de ese delito, una cifra que contrasta con los números que maneja el Ministerio Público.
El mismo patrón se repite en los homicidios. La República reportó que, para Carbajal, la cifra de 959 asesinatos hasta mediados de junio podría ser aún mayor: existen cerca de 130 registros de muertes violentas por proyectil de arma de fuego clasificadas como "ignoradas" en las bases de datos oficiales. De actualizarse, esos casos elevarían el total por encima de los mil asesinatos en el primer semestre.
Las cifras oficiales de homicidios, bajo la lupa de un analista
Mientras la ciudadanía exige resultados, las estadísticas oficiales sobre homicidios generan controversia. Para el analista de datos Juan Carbajal, la reducción del 25% en homicidios que difunde la Policía Nacional no refleja una mejora real en la seguridad, sino un cambio en la forma de clasificar los casos. Así lo cuestionó en su cuenta de X tras analizar los registros de la PNP-DIVCOP, organizados por objeto empleado en el delito. Según su análisis, los homicidios cometidos con arma de fuego —la modalidad predominante en el sicariato— apenas bajaron 3%: de 1.030 casos en el primer semestre de 2025 a 997 en el mismo periodo de 2026. Carbajal sostiene que esa cifra, y no la que maneja la PNP, es la que mejor retrata el nivel real de violencia que enfrenta el país.
De acuerdo con los datos que compartió, la categoría "Otros" se mantuvo en un promedio cercano a los 20 casos mensuales tanto en el primer semestre de 2024 (125 casos en total) como en el mismo periodo de 2026 (120 casos). Sin embargo, entre abril y junio de 2025 esa categoría se disparó a 143, 152 y 121 casos por mes, respectivamente, y elevó el total del semestre a 1.680 homicidios, frente a los 1.233 registrados en 2024 y los 1.267 de 2026. El propio analista precisa que los registros de 2026 aún están en proceso de actualización.
Juan Carbajal advierte que la lucha contra la inseguridad requiere datos confiables y medidas focalizadas
El analista de datos consideró que el resultado de la encuesta del IEP es consistente con la evolución de la criminalidad en los últimos años. En diálogo con La República, sostuvo que la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía debido al incremento de la violencia y a la expansión de delitos como la extorsión. "La principal problemática que se ha venido incrementando a lo largo de estos últimos años, desde 2023, 2024, 2025 e incluso este año", afirmó.
Carbajal señaló que el cambio no solo se refleja en el número de delitos, sino también en la forma en que estos se cometen. Explicó que hoy existe una mayor prevalencia del uso de armas de fuego en los homicidios y que las extorsiones afectan a sectores que antes no eran blanco frecuente de estas organizaciones. "Transportistas, bodegueros o personas muy corrientes que tienen su negocio están siendo afectados con el tema de la extorsión, cosa que antes no se veía en la magnitud como lo es ahora", indicó.
El analista Carbajal cuestionó la confiabilidad de las estadísticas oficiales sobre criminalidad, en particular las denuncias por extorsión. Desde hace meses, dijo, observa discrepancias entre los registros de la Policía Nacional y los del Ministerio Público, lo que impide conocer la dimensión real del problema. “No es que se estén reduciendo las extorsiones; más bien será que se están reduciendo las denuncias en las comisarías por extorsión, pero eso no implica que la extorsión esté bien, porque hay mucha gente que no denuncia y sigue pagando cupos”, sostuvo. Estas diferencias tienen consecuencias directas en las políticas públicas, advirtió: si las autoridades diseñan estrategias sobre información incompleta o inconsistente, difícilmente obtendrán resultados. “Si se toman decisiones con datos que no están acordes a la realidad, las medidas no van a surgir efecto”, señaló.
De cara al inicio del próximo gobierno, Carbajal planteó que una de las primeras tareas debe ser revisar la calidad de la información que produce el Estado sobre inseguridad. Propuso auditar los registros policiales y crear un sistema único que concentre toda la data sobre criminalidad. “Tiene que haber un solo organismo que centralice toda la información con respecto al tema de inseguridad. Para nosotros como ciudadanos esta información también tiene que estar disponible”, remarcó. Además, sostuvo que la evaluación de la política de seguridad no debe limitarse a cifras nacionales agregadas, sino considerar el comportamiento del delito en las zonas con mayor incidencia. Afirmó que los homicidios y las extorsiones deben convertirse en los principales indicadores para medir los avances del nuevo gobierno. “Lo importante es ver resultados tangibles, resultados que podamos realmente evidenciarlos en el día a día”, concluyó.
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