El próximo lunes 20 de julio, el Poder Judicial decidirá si autoriza el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez, como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por presuntas irregularidades en la contratación de familiares de su entonces pareja sentimental, Abel Sotelo, en cargos del Estado. La medida fue solicitada por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos el pasado 12 de junio.
La audiencia virtual, de carácter privado, se realizará desde las 9:30 a.m. y estará a cargo del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien analizará el requerimiento fiscal. En esta diligencia se evaluará si procede la intervención de las comunicaciones de Chávez Chino, quien es investigada como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado peruano.
Los hechos bajo la lupa ocurrieron cuando la exfuncionaria se desempeñaba como congresista de la República y ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, así como ministra de Cultura. Cabe precisar que esta audiencia virtual ya había sido programada para el jueves 2 de julio, pero no se pudo llevar a cabo debido a una solicitud de la propia Fiscalía Suprema, que pidió su reprogramación por razones de carácter procesal.
La instancia suprema fiscal solicita que se ejecute el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Betssy Chávez en su modalidad de registro histórico, para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 18 de noviembre de 2022. La investigación preparatoria fue iniciada por la Fiscalía de la Nación luego de que, el 1 de octubre de 2025, el Pleno del Congreso aprobara el informe final de la denuncia constitucional presentada contra la expremier como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado, en perjuicio del Estado.
Según la tesis fiscal, Betssy Chávez se habría interesado indebidamente, en forma directa, en la contratación de Marco Sotelo, hermano de su entonces pareja sentimental, Abel Sotelo, como asistente nivel 2 de la organización parlamentaria de su despacho congresal. Asimismo, se habría interesado en la contratación de Flor Sotelo, hermana de Abel Sotelo, como auxiliar nivel 2 de la organización parlamentaria de su despacho congresal. La Fiscalía también sostiene que la investigada se habría interesado indebidamente en la contratación de Marco Sotelo como apoyo administrativo de la Red Asistencial Tacna del Seguro Social de Salud (Essalud), entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Además, la Fiscalía sostiene que Betssy Chávez se habría interesado indebidamente en la designación de Antonio Sotelo, padre de Abel Sotelo, como intendente regional de Puno de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), entidad también adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El Poder Judicial evaluará el 20 de julio si ordena levantar el secreto de las comunicaciones de la exministra.
La fiscalía sostiene que Betssy Chávez habría ofrecido interceder ante el entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López, para que quien fuera designado como jefe de la Oficina Zonal de Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) le brinde apoyo político en esa región durante sus viajes de representación. Según el Ministerio Público, Antonio Sotelo habría tenido influencias reales a través de Chávez sobre el exministro Alvarado.
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