Policías investigados por corrupción.

En lo que va de 2026, de las 671 solicitudes de expulsión de malos elementos de la PNP que han sido presentadas, apenas 100 casos han sido resueltos, y solo el 10% de esas resoluciones corresponde a oficiales. La cifra refleja un cuello de botella en el Tribunal de Disciplina Policial, organismo dependiente del Ministerio del Interior que, según datos del año pasado, apenas logró calificar entre 450 y 500 de 1.500 propuestas acumuladas de ejercicios anteriores, es decir, solo el 30%.

Los procedimientos sancionadores y de baja suelen tardar meses o incluso años debido a la compleja burocracia administrativa y la sobrecarga de expedientes. Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, ha cuestionado abiertamente la labor del Tribunal de Disciplina Policial.

Uno de los casos que actualmente genera preocupación en la institución es el de los dos oficiales y cuatro subalternos de la Policía Nacional asignados a la seguridad del presidente José María Balcázar. Fueron separados de sus funciones y ahora afrontan un proceso disciplinario de carácter sumario tras ser captados en una discoteca durante una misión oficial en Lambayeque.

Frente a esta situación, el general PNP Julio Becerra Cámara, director de investigaciones de la Inspectoría General PNP, sentó posición: “La ley y la disciplina no distinguen grados”. Y añadió: “Ninguna falta de respeto será permitida dentro de la institución, venga de un superior o de un subordinado”. El oficial aseguró que toda denuncia será investigada “con prontitud, imparcialidad y firmeza”.

El sistema disciplinario policial enfrenta un “cuello de botella” con miles de procesos en trámite a nivel nacional, lo que satura a los equipos investigadores y órganos de decisión. Los procedimientos sancionadores y de baja pueden extenderse meses o años por la compleja burocracia administrativa, la sobrecarga de expedientes, los estrictos plazos de ley y el derecho constitucional al debido proceso. La actual Ley 30714 (Régimen Disciplinario Policial) y sus modificatorias fijan plazos de caducidad —generalmente 9 meses en primera instancia— y de prescripción, que alcanza hasta 4 años para faltas graves. Si la Inspectoría no logra notificar o resolver el caso dentro de esos límites, el proceso queda sin efecto y el efectivo no puede ser sancionado. El general retirado Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, ha criticado que el Tribunal de Disciplina Policial, máxima instancia evaluadora, esté integrado por civiles designados por el Ministerio del Interior. Sostiene que, al carecer de experiencia policial, sus fallos suelen carecer del rigor y conocimiento de la operatividad. Añade que se ha burocratizado excesivamente el debido proceso, impidiendo que las jefaturas policiales y la Inspectoría actúen con la severidad y rapidez que, según él, caracterizaba históricamente a los institutos armados y policiales. En la práctica, todo efectivo investigado tiene derecho a presentar descargos, apelar y solicitar pruebas. Si una sanción se aplica de forma apresurada y sin respetar el debido proceso, puede ser anulada por el Tribunal de Disciplina Policial o por la vía judicial, lo que permite que un policía corrupto sea reincorporado. Además, los casos de corrupción —como cobro de coimas o vínculos con el crimen organizado— requieren investigaciones profundas, levantamiento del secreto bancario o peritajes que demandan tiempo para ser concluyentes.

Para el excoronel Jorge Mejía, la consecuencia de tipificar conductas delictivas a través del régimen disciplinario es que, aunque se pueda pasar al retiro a un policía, “un juez ordenará su reincorporación” mediante un proceso de amparo o contencioso, “con la consecuente indemnización por daños y perjuicios”. “¿Quién pagará la indemnización? El Estado Peruano, con dinero de todos los ciudadanos”, advierte.

Expertos consultados por La República señalan que, a través del régimen disciplinario, no se puede ni se debe tipificar conductas que constituyan delitos, pues se contravendría el debido proceso y el principio de tipicidad, pilares de todo procedimiento administrativo. A esto se suma la denuncia de que el régimen disciplinario a menudo resulta garantista o blando, protegiendo en cierta medida a los malos agentes frente a la rigidez de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

En octubre de 2025, el exministro del Interior Vicente Tiburcio ya había señalado que una de sus prioridades sería la expulsión de los malos agentes y dispuso modificar el régimen disciplinario, aduciendo que “es muy blando y protege a los agentes PNP”. En esa línea, el inspector general Gustavo Ríos sostiene: “Lo ideal sería que, en segunda instancia, un Tribunal dependa de la comandancia general y que los plazos se acorten”. Y agrega: “Estamos demasiado garantistas de los policías infractores”.

Frente a las demoras y las críticas ciudadanas sobre la lentitud del sistema, el Mininter y la PNP han implementado en los últimos meses medidas de reestructuración, con la creación de órganos de integridad institucional y nuevas estrategias para acelerar los procesos por infracciones muy graves. Actualmente existe un fuerte impulso y diversas propuestas institucionales para que la Comandancia General de la PNP y el Ministerio del Interior sancionen y den de baja (pase al retiro) a los policías corruptos de manera más rápida y efectiva.

Las autoridades policiales han dejado claro que la política es de "tolerancia cero" y que ningún miembro de la institución está por encima de la ley, con el objetivo de limpiar la imagen de la PNP ante la ciudadanía. Para ello, se han implementado reformas y lineamientos drásticos, reforzando la Ley 30714, que regula las sanciones disciplinarias. Gracias a estas facultades, la Inspectoría General ha impuesto miles de medidas disciplinarias que han derivado en el pase al retiro de cientos de efectivos acusados de cobrar sobornos, extorsionar y cometer actos ilícitos.

La depuración de la Policía Nacional se realiza mediante investigaciones exhaustivas de la Inspectoría General y la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor). También se han creado órganos especializados encargados de buscar activamente señales de corrupción dentro de la institución y proteger a los denunciantes, evitando que los malos elementos queden impunes. Esto permite al Comando Policial y a la Inspectoría General separar de manera mucho más rápida a los agentes involucrados en infracciones muy graves, como la corrupción.

Si conoces algún acto de corrupción, puedes denunciarlo de forma segura a través de los canales oficiales de la Auditoría General y las líneas de Inspectoría de la PNP.

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