Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, las concesiones mineras en el Perú crecieron en 2,68 millones de hectáreas hasta alcanzar 22,67 millones, equivalentes al 17,6% del territorio nacional. La expansión fue particularmente intensa en Apurímac, donde el 76,5% de la superficie regional ya está concesionada, seguida de La Libertad (63,1%) y Áncash (55,1%). Lima y Moquegua también bordean la mitad de su territorio bajo este régimen, con 48,8% y 48%, respectivamente.
El nuevo ciclo de altos precios del cobre y el oro vuelve a poner al Perú en el radar de las inversiones extractivas. Sin embargo, para el Observatorio de Conflictos Mineros, este escenario también podría traducirse en una mayor presión sobre comunidades y recursos como el agua, en momentos en que el próximo gobierno plantea acelerar la ejecución de proyectos.
"Estamos en un contexto muy favorable", resumió José de Echave, investigador de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, durante la presentación del informe. No obstante, advirtió que ese escenario "se puede traducir en mucha presión y muchas tensiones en los territorios" si el crecimiento de la actividad minera no va acompañado de reglas claras y de una adecuada gestión de los impactos sociales y ambientales.
Apurímac registró el mayor avance, al pasar de 56,6% a 76,5% de su territorio involucrado en esta actividad, mientras que La Libertad y Áncash superan la mitad de su superficie. El informe advierte que, sin reglas claras y gestión de impactos, el crecimiento minero podría generar tensiones en las regiones con mayor concentración de concesiones.
Apurímac encabeza el incremento de superficie concesionada para minería, al saltar de 56,6% a 76,5% de su territorio, mientras que La Libertad y Áncash ya superan la mitad de su extensión. Sin embargo, el análisis presentado por el economista De Echave revela una brecha significativa: de los más de 22 millones de hectáreas concesionadas a nivel nacional, apenas unos dos millones albergan actividades como exploración, explotación, plantas de beneficio o cierre de minas. Es decir, cerca de 20 millones de hectáreas permanecen sin actividad minera directa.
Solo una de cada diez hectáreas concesionadas registra actividad minera
Esta situación, según De Echave, abre un debate sobre el uso de las concesiones ociosas, títulos mineros vigentes sobre áreas sin producción ni exploración efectiva. El especialista también cuestionó el argumento de que la inversión minera esté limitada por un exceso de regulaciones, recordando que los mayores niveles de inversión en el país se alcanzaron bajo un marco normativo similar al actual. Por ello, consideró que el debate no debería centrarse únicamente en flexibilizar permisos, sino también en cómo se gestionan los impactos sociales y ambientales de los proyectos.
El informe también advierte sobre el crecimiento de concesiones en departamentos amazónicos como Loreto, Ucayali y Amazonas. Aunque sus porcentajes de territorio concesionado siguen siendo bajos, el incremento en el último año ha sido considerable, según el investigador, quien señaló que este fenómeno merece seguimiento. Como hipótesis, De Echave planteó que parte de la minería informal e ilegal que opera en cauces de ríos podría estar buscando acceder a concesiones para facilitar procesos de formalización, una tendencia que cobra relevancia a pocos meses del vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Cajamarca resume los desafíos de la nueva expansión minera, según el Observatorio
Para el sociólogo Marco Arana, representante de Grufides, Cajamarca sintetiza buena parte de los desafíos que acompañan esta nueva etapa de expansión minera. Durante la presentación del informe advirtió que en esa región confluyen la gran minería, la minería ilegal, nuevos proyectos de inversión y procesos judiciales que permanecen abiertos desde hace más de una década. Como ejemplo, mencionó la presencia de minería ilegal en la zona de Cerro Rojillo, una cabecera de cuenca que abastece de agua a la ciudad de Cajamarca. Según relató, la intervención estatal se produjo recién después de las denuncias de autoridades locales y organizaciones de usuarios de agua, lo que, a su juicio, evidencia debilidades en la capacidad de respuesta del Estado frente a este tipo de actividades.
Arana también puso en la mira proyectos de infraestructura hídrica vinculados a zonas donde se concentran futuras inversiones mineras. Advirtió que varios procesos judiciales relacionados con conflictos socioambientales, como el caso Conga y procedimientos ambientales aún pendientes, pasarán a ser parte de la agenda del próximo gobierno. Ninguno de los dos negó que el Perú atraviesa un momento de bonanza minera, pero ambos remarcaron lo mismo: esta vez el boom llega sobre territorios donde el agua sigue en disputa, los conflictos no disminuyen y varios procesos judiciales continúan sin resolverse.
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