Por Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú. Cuando se habla de reformas económicas, el debate suele centrarse en impuestos, gasto público o inversión. Sin embargo, existe un factor menos visible, pero igual de determinante para el crecimiento: la calidad de la regulación.

En los últimos años, el Perú ha acumulado miles de normas, procedimientos, permisos y autorizaciones que muchas veces se superponen, duplican funciones o simplemente han perdido vigencia. El resultado es un Estado más complejo, costoso y lento, que eleva los costos de hacer empresa, desincentiva la formalidad y reduce la competitividad. Para revertirlo, si el próximo Gobierno solicita facultades legislativas, la prioridad no debería ser producir más regulación, sino revisar la existente, eliminar la innecesaria y simplificar la relación entre el Estado y quienes invierten, producen y generan empleo.

Las economías más competitivas ya entendieron que una buena política regulatoria no consiste en regular más, sino en regular mejor. Varios países de la OCDE revisan periódicamente su stock normativo, incorporan cláusulas de caducidad y aplican principios como one in, two out, eliminando regulaciones por cada nueva obligación que imponen.

El Perú debe avanzar en esa dirección. La primera reforma debería ser una simplificación administrativa agresiva. El Estado aún exige documentos que ya posee, mantiene autorizaciones previas donde bastaría la fiscalización posterior y obliga a recorrer múltiples entidades para completar un solo trámite. La interoperabilidad, el expediente empresarial digital y el principio de que el ciudadano entregue la información una sola vez deben convertirse en políticas públicas.

La reducción de la discrecionalidad es otro requisito clave para la competitividad. Cuando distintas entidades interpretan una misma norma de manera diferente, muchas inversiones se retrasan. Fortalecer la eliminación de barreras burocráticas, ampliar los efectos de los precedentes administrativos y consolidar instituciones técnicas como Indecopi contribuiría a mejorar la seguridad jurídica. Un frente prioritario es el ámbito subnacional: buena parte de las trabas proviene de gobiernos regionales y municipalidades, donde proliferan requisitos distintos para actividades idénticas. Estandarizar licencias y digitalizar los trámites locales tendría un impacto inmediato sobre la inversión. Además, toda regulación con impacto económico debería sustentarse en un análisis costo-beneficio, consulta pública y evaluación posterior de resultados. Regular sin evidencia traslada costos innecesarios al sector privado y resta competitividad, impactando negativamente en negocios y familias. El Perú ya no solo necesita más infraestructura; necesita mejores reglas. El mayor incentivo para invertir no es un beneficio excepcional, sino la certeza de que las normas serán claras, estables y razonables. Ese puede ser el verdadero shock de competitividad que el país requiere.

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