Más allá del debate legal, la eventual liberación de Pedro Castillo mediante un indulto o gracia presidencial choca de frente con la gravedad de sus actos. El exmandatario no solo intentó un golpe de Estado para convertirse en dictador, sino que además debe responder ante la justicia por múltiples evidencias de corrupción durante su gobierno, donde “las bolsas de dinero corrían por debajo de la mesa y los nombramientos se negociaban en Sarratea”. Otorgarle impunidad, advierte Iván Slocovich Pardo en su columna, no tiene nada que ver con “la reconciliación”, “el cierre de heridas” ni “aliviar la tensión política”.

Desde el plano jurídico, los expertos consultados coinciden en que no existe una salida lícita para liberar a Castillo. Como informó Correo Lima, concederle un indulto sería una “pateadura a la legalidad”. Solo podría lograrse saltándose el orden jurídico, lo que acarrearía graves consecuencias políticas y penales para los responsables: desde el actual jefe de Estado y su ministro de Justicia y Derechos Humanos hasta quienes acepten acatar esa medida.

Pero el análisis va más allá de lo legal y se adentra en lo político. Castillo ha cometido el gravísimo delito de intentar quebrar el orden constitucional. El hecho de que nadie haya acatado su ilegal orden no lo exime de responsabilidad. Es “un vil y vulgar golpista” que ya ha sido condenado en primera instancia a través de un proceso limpio, público y que siguió todos los estándares internacionales. Ni siquiera el sistema interamericano de justicia, usualmente sesgado, ha cuestionado ese fallo. Por todo ello, sostiene el columnista, Castillo no tiene por qué ser liberado.

Quienes claman por indultar a Pedro Castillo en nombre de la “paz social” deberían explicar desde cuándo liberar a un sujeto acusado por el Ministerio Público de llevarse sobres con plata sucia para repartir a sus hermanos y de vender al peso los cargos en el Estado equivale a la “tranquilidad” y “estabilidad” del Perú. ¿Esa misma lógica aplica para asaltantes, ladrones de celulares, los que roban en autos estacionados o entran a casas? ¿También para los policías coimeros? ¿Así es la cosa? Los que han violado la ley deben asumir su responsabilidad y cumplir sus condenas, salvo situaciones extremas de salud que no son el caso de Castillo. En el Perú no se deben cubrir de “política” los actos delictivos de ningún ciudadano, por más que haya sido presidente. Lástima que en el país tengamos a gente que cuestiona y pide cárcel por quiebres constitucionales y raterías de gobiernos anteriores, pero cuando se trata de “su” golpista y corrupto favorito exigen libertad, que no es otra cosa que impunidad.

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